¿Qué queda tras el anuncio del Presidente de buscar a mediano plazo la concesión del aeropuerto La Aurora a una alianza pública privada para que la opere?

Primero, la certeza de que no existe análisis estratégico previo a las actuaciones de Bernardo Arévalo. La ocasión elegida para hacer el anuncio, la connotación de sus acompañantes, los efectos de la falta de una explicación del proceso completo, la omisión de preparar el terreno.

Nada que no se supiera ya del estilo de gobernar y comunicar del presidente Arévalo.

Segundo, la elogiable decisión del gobierno de romper con la inercia respecto al aeropuerto. Convocar a un concurso para elegir a un operador privado no será algo que celebre todo el mundo ni se pueda hacer pronto, pero supone un cambio frente a la inmovilidad de sus antecesores.

La decisión se queda corta con las necesidades del país, de diseñar una auténtica política de transporte aéreo que no lo concentre todo en la ciudad de Guatemala. Pero al menos, el Presidente movió una pieza.

Tercero, la confirmación de cuán polarizados estamos los guatemaltecos y cómo esa polarización se proyecta en casi en cualquier tema de la vida nacional.

Una parte significativa de la opinión pública se inscribe en uno de los dos bandos en los cuales se ha dividido a Guatemala desde abril de 2015. Lucha contra la corrupción versus impunidad para la corrupción. De hecho, el triunfo electoral de Bernardo Arévalo está marcado por esa dicotomía, la cual, lejos de debilitarse, cobra fuerza en diferentes planos cada día.

El proceso de integración de las Cortes es sólo uno de ellos. La actuación del Ministerio Público al presentar falsos nuevos hallazgos sobre el resultado electoral, para prolongar por un año más la suspensión legal del partido Semilla, es otro más. El cabildeo en Washington del Ministerio Público de Consuelo Porras frente a seguidores de Donald Trump para recuperar sus visas pero también para desacreditar al gobierno y presentarlo como una amenaza para los conservadores estadounidenses. La gran división nacional se profundiza, en lugar de resanarse.

La dificultad de avanzar con la recuperación del aeropuerto La Aurora, no digamos la gran batalla por detener las operaciones de la terminal portuaria TCQ de APM, están marcados por ese signo. Y aquí es donde empieza a materializarse los efectos negativos de la decisión del empresariado organizado de apoyar al bando de la impunidad para la corrupción.

Hoy se vuelve inmensamente complicado avanzar en asuntos que otros países vecinos han sacado adelante sin demasiado apuro. Puertos y aeropuertos modernos, con rendimientos decentes para sus economías. Pero en Guatemala, el afán modernizante se topa con concesiones leoninas de parqueos, hangares y negocios dentro de la Terminal Aérea, adjudicaciones de contratos de grúas, rampas de revisión, servicios marítimos de todo tipo en el Puerto Quetzal y en los puertos del Caribe. Todo está enmarañado como consecuencia de la ola de rampante voracidad sobre los bienes públicos.

Y hay diputados y hay fiscales y jueces y magistrados y sindicatos al servicio de las mafias para resguardar los derechos adquiridos sobre esos activos. A quienes tienen los mayores negocios en Puerto Quetzal, por ejemplo, les urge que se inhabilite a APM para ampliar su oportunidad de negocio.

Con el aeropuerto La Aurora el reto no será distinto. Se enfrentará todo tipo de obstáculos para modernizarlo porque supone arrancarlo de las manos de quienes hoy se aprovechan.

Pero querer afrontar esos obstáculos, ignorando la necesidad de hacerle frente al enemigo principal de la modernidad: la impunidad para la corrupción, es como llevarse a la boca la comida con cubiertos oxidados y herrumbrosos.

Es cierto que la polarización es un gran obstáculo para avanzar en muchos planos. Pero ignorar que el adversario está ahí, dispuesto a hacerlo todo inviable, es necio, ciego, testarudo.