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Son 21 palabras las que originaron el caso contra Amílcar de León, administrador de las redes sociales llamadas “Movimiento Arbencista”, ahora acusado por conspirar para terrorismo. El Juzgado Segundo Penal confirmó el proceso que surgió de una publicación en X dirigida a Claudia Paredes, presidenta del Organismo Judicial.
“Quiero saber todo. Absolutamente todo de esta chucha: su dirección, su teléfono, sus hijos, su marido, su casero, sus cómplices; todo”.
De León tiene 31 años y es el menor de 10 hermanos, estudió Pedagogía en la Universidad de San Carlos (USAC), y es vendedor de ropa en Malacatán, San Marcos, donde lo arrestaron. El juez confirmó que debe guardar prisión preventiva.
El proceso plantea preguntas sobre los límites de la libertad de expresión, la crítica política y los delitos cometidos en redes sociales. ConCriterio entrevistó al muchacho a la puerta del juzgado el día de su audiencia:
“Lo único que puedo decir es que hay que tener mayor responsabilidad social a la hora de emitir opiniones, porque a veces hay una línea delgada de la libertad de expresión y lo que puede hacer sentir afectada a terceras personas.
Y ¿esa línea se sobrepasó?
Podría decir que no; este caso va más allá de las publicaciones, creo que es una persecución política y selectiva por el activismo que se ha hecho sobre personajes ligados a la corrupción.
El caso está bajo reserva y la audiencia fue a puerta cerrada.
La cuenta de X del Movimiento Arbencista cuenta con 580 seguidores y algunas opiniones controversiales fueron eliminadas. Pero ¿quién decidía qué contenido publicar?
Había una línea del grupo que teníamos afinidad política e ideológica y más bien era un espacio de denuncia y fiscalización.
¿Qué ideología tenés?
Me considero de centro izquierda, socialdemócrata y progresista. Desde luego, respeto la democracia y las otras expresiones políticas.
De León asegura que el algoritmo eliminó publicaciones “incendiarias” y más bien: “siempre ha sido en una línea crítica”. Aunque algunas de sus publicaciones elevan el tono y faltan al respeto.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó un comunicado de prensa y denunció amenazas hacia la presidenta del OJ:
“resulta inaceptable normalizar estos ataques, como si fueran efectos colaterales del desempeño del cargo… el escrutinio público debe dirigirse a las decisiones y no a la condición personal y género”.
En la misma comunicación es evidente el disenso en la Corte Suprema: el magistrado Estuardo Cárdenas opinó que “cuando se asume el reto de dirigir o estar en la función pública, se debe estar consciente de que se recibirán las ofensas.”
El fundador de la Sección de Delitos Informáticos de la PNC, Diego Teos, comentó que el caso refleja que las autoridades pueden identificar a los administradores de las cuentas en redes sociales:
“Lo que demuestra que sí existe capacidad”
Según Teos, mediante órdenes judiciales, el Ministerio Público puede solicitar registros a compañías telefónicas o plataformas tecnológicas y rastrear a los responsables de publicaciones consideradas delictivas.
La captura ocurrió el 23 de abril, se desconoce qué fecha se emitió dicha orden. El MP no responde a las consultas.Teos: “Considero que sí fue bastante rápida. Toda cuenta de red social, o todo usuario que se conecta a Internet, se le es asignado por el proveedor de servicio una dirección IP y esa información permite que el proveedor del servicio identifique desde dónde y cuándo se realizó una conexión”.
Los rastreos más ágiles son aquellos vinculados a delitos contra la vida o contra menores de edad.
El caso contra De León está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, responsable de criminalizar a periodistas, funcionarios de justicia y líderes sociales, entre ellos Luis Pachecho y Héctor Chanclán, líderes de Los 48 Cantones, encarcelados desde abril 2025, acusados por terrorismo.