En Guatemala se cometen a diario 31 delitos sexuales, las principales víctimas: niña, niños y mujeres adultas.

En los últimos 9 años y medio el Ministerio Público recibió 83 mil denuncias por agresiones sexuales y de ese total se han obtenido solo 4 mil 900 condenas. Es apenas un 5%.

Mynor Rene Pérez Grave y Marco Antonio Tiul tienen similitudes en su vida, los dos fueron condenados como abusadores sexuales de menores y, tras cumplir su pena, los dos cometieron de nuevo abusos contra menores y, otra vuez, fueron llevados a prisión..

Ahora los investigadores sabe quiénes son y a qué se dedican. Una iniciativa de ley promovida por el diputado de Encuentro Por Guatemala, Leonel Lira, denominada Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense pretende crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, con lo cual pretende prevenir agresiones sexuales.

La iniciativa contiene 15 artículos y estos son los nueve aspectos destacados:

• Permitirá la recopilación de muestras genéticas ADN y análisis para facilitar las investigaciones y esclarecimiento de los casos.
• Lo aprehendidos por cualquier delito dejarán registros genéticos.
• Las fotografías de los condenados por delitos sexuales aparecerán en el Registro de Agresores Sexuales y será de dominio público.
• El condenado por delitos sexuales que recupere su libertad, deberá informar periódicamente de su lugar de residencia y trabajo.
• Las sentencias por este delito serán públicas.
• Si, tras recuperar su libertad, el condenado no actualiza su información, será multado por el MP con dos salarios mínimos y si ofrece información falsa, será proceso penalmente.
• Cualquier persona que desee trabajar con niños deberá obtener una certificación del Registro de Agresores Sexuales.
• Los padres abusadores perderán la custodia de sus hijos por orden de Juez.
• Los extranjeros condenados por delitos sexuales en su país tendrán que formar parte del Registro de Agresores Sexuales.

El encargado del área de Análisis Criminal de la Fiscalía de la Mujer del MP, Alejandro Chang, dijo que de aprobarse la ley agilizará los procesos de investigación ya que afirmó que los agresores estarán bajo la lupa de los investigadores.

“A nosotros nos apoya porque tendremos muestras de cualquier detenido y eso nos hará saber si esa persona ha participado de algún delito sexual, es un sistema de medición biológico, con fines de identificación”

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Morales, apunta a que con esta ley investigadores y jueces tendrían certeza científica y coincide que se reduciría la mora judicial en los casos de delitos sexuales.

“Lo que impulsará será una investigación más ágil, al contar con el Registro, las investigaciones se iniciarían a través de los reportes y se contaría con la certeza técnico científica al tener el Banco de datos Genético. Se inicia las investigaciones y los jueces contarán con el ADN, de nada nos serviría tener un sistema con la ubicación de los agresores si no se tienen el dato genético”

Datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reflejan que en Guatemala el fenómeno de la violencia sexual es dramático. En el primer semestre de este año se reportaron mil 280 nacimientos cuyas madres tenían entre 10 y 14 años lo cual, según la legislación guatemalteca, tipifica esos embarazos como violaciones sexuales. Sin embargo los prestadores de salud solo denunciaron 350, así lo explicó, Mirna Montenegro, directora del OSAR quien enfatizó que un porcentaje alto de esas violaciones son cometidas por familiares o personas cercanas a la familia.

“Un monitoreo que hicimos entre el año 2013 y 2014 revisamos expedientes de violaciones y vimos que un 89 por ciento de las agresiones sexuales fueron cometidas por familiares y vecinos, lo más sorprendente fue que el 30 por ciento de los violadores fue el padre”

La iniciativa de Ley identificada con el número 5178, que dispone aprobar la Ley de Banco de Datos Genéticos para uso Forense espera su primer debate en el Pleno del Congreso de la República, mientras tanto fuera de esa tribuna ya cuenta con el aval de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el INACIF, el Organismo Judicial y la Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

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