Este es el formulario que Consuelo Porras llenó en agosto de 1979 para solicitar empleo en la Secretaría de Bienestar Social. Allí fue contratada para dirigir el orfanato Elisa Martínez (Fuente: archivo SBS).
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Hoy se hizo pública la carta del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas que en febrero solicitó investigar el rol de la fiscal general Consuelo Porras en adopciones ilegales durante los años 80.
La sospecha cae sobre la época cuando Porras dirigió el hogar Elisa Martínez, administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
En febrero, Gabriela Cintroni, integrante del equipo de ONU, adelantó a ConCriterio que la carta: “menciona casos específicos que recibimos a través de testimonios directos.”
Ninguna investigación implicó antes a Porras en hechos de esta naturaleza. Los reporteros de ConCriterio y Plaza Pública desempolvaron los informes sobre adopciones desde 1970 hasta 2007 y buscaron además en los juzgados que controlaron tres de los casos más relevantes de los 80 y la Fiscal General no fue ni mencionada ni imputada.
En cambio los reportes sí describen el andamiaje de instituciones estatales donde militares, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, abogados, empleados de migración y los directores de orfanatos de la SBS fueron clave en la línea de producción de adopciones irregulares.
Cintroni: “hay indicaciones que por lo menos sugieren que ella estuvo en una posición para tener conocimiento de esta práctica o haber participado. Se falsificaron los papeles de muchos niños.”
ONU: “Casos específicos y testimonios directos” vinculan a Consuelo Porras con adopciones ilegales
Los archivos de la SBS conservan la solicitud de empleo que hizo Consuelo Porras en agosto de 1973: entonces era maestra de educación primaria, tenía 26 años, y cursaba el primer año de universidad. Ya había trabajado en la SBS, según los registros, como maestra del hogar Rafael Ayau, desde 1973, devengaba Q100 mensuales; en dicha aplicación solicitaba puesto de Administradora de Centro Asistencial. En 1983 ya era directora en el hogar Elisa Martínez, su salario subió a Q170.
El periódico El Faro publicó una investigación que apunta a que la Fiscal General participó en al menos 8 procesos de adopción irregulares cuando dirigió el Hogar Elisa Martínez, al firmar trámites que involucraron a niños, principalmente indígenas, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Esos papeles falsificados a los que hace referencia la experta de ONU, en realidad, reinventaban la historia de los menores: borraban las líneas hacia las familias biológicas para presentarlos como bebés abandonados, “que aparecieron en una puerta”, para entregarlos con facilidad.
Este medio planteó consultas al Ministerio Público (MP) sobre los señalamientos que se hacen contra la Fiscal General, pero no hubo respuesta. El 17 de febrero, ante los señalamientos de los expertos de Naciones Unidas, la Fiscal General negó estar implicada en esos hechos.
El informe “Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca 1977-1989” ilustra hallazgos de la SBS:
Hospital San Juan de Dios, caso 14-78: el hospital levantó un acta en la cual supuestamente la madre renuncia a la patria potestad del menor.
Hospital Roosevelt, caso 16-78: un informe relata que la menor nacida en noviembre de 1974 fue abandonada e ignoran dónde está la mamá, pero otro reporte dice que la abuela está presente y conoce el paradero de la madre.
Las investigaciones para realizar ese informe revelan que las autoridades de los hospitales usurparon funciones de jueces y procuradores al elaborar actas de renuncia a la patria potestad.
Las irregularidades se hicieron evidentes dentro y fuera de Guatemala. La universidad Brandeis University de Waltham, Massachusetts, en 2010, señaló que Guatemala era el país donde los padres adoptivos corrieron los mayores riesgos de adoptar niños robados.
La adopción de un niño guatemalteco costaba a los adoptantes entre USD $17 mil y $45 mil según un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
El libro “Until I Find You” (Hasta encontrarte) publicado por la investigadora Rachel Nolan de la Universidad de Harvard, perfila a través de testimonios cómo Ofelia Rosal de Gamas, cuñada del General Óscar Humberto Mejía Víctores, jefe de facto de Guatemala 1983-86, se convirtió en una figura clave en adopciones coercitivas. Incluso apuntan a que trabajó con Edmond Mulet, diplomático, político y excandidato presidencial implicado en uno de los casos más relevantes hasta ahora.
El informe de la SEPAZ, por ejemplo, reconstruye de este contexto el caso ilustrativo de dos niños a quienes identificaron falsamente como hijos de una misma madre: su adopción fue exprés, en 60 días. En cartas no firmadas de ese expediente mencionan a de Gamas como encargada de un orfanato “totalmente vigilado por el gobierno”, la identifican, además, como nuera del Presidente.
Entre 1983 y 1985, de Gamas dirigió el orfanato Rafael Ayau. Y dos años después de que su cuñado dejó el poder, la policía la capturó con 24 niños de entre un mes y dos años. La investigación “Los niños que el Ejército se llevó” del periodista guatemalteco Sebastián Escalón identifica a de Gamas como “jaladora”, encargada de buscar mujeres dispuestas a entregar a sus hijos.
Mario Rámirez, ahora de 92 años, trabajó en Migración entre 1966 y 1999 justo en el auge de estas adopciones:
Cuando llegaban a Migración, se veía que los niños eran recién nacidos. Yo no sé cómo hacían para conseguir a esos bebés, si eran secuestrados. Esta licenciada me contó que iban a Villa Nueva y a departamentos donde había muchos indígenas. Hubo una época en la que era mucha la cantidad de niños que entraban y los expedientes salían rápidamente autorizados. Fueron épocas duras e, incluso, en el Departamento de Inspectoría hubo muchos Inspectores consignados, porque les daban una migaja; los que más ganaban eran los abogados.
El antiguo trabajador de Migración aún recuerda que intentaron reclutarlo:
Había una licenciada cuyo nombre me reservo, que era pariente de Mejía Víctores; tenía mucho cuello y le recibían los documentos y solo se dedicaba a niños. Cuando yo me retiré de Migración, ella me buscó y me dijo: “Mire, Mario, ahora es buen momento para hacer buena plata. Como ya no está trabajando en Migración, yo le voy a dar buenos conectes para que usted me consiga niños”. Me dijo que fuera a las zonas rojas donde hay prostitución, porque hay muchas muchachas embarazadas y que ahí se consiguen.
Esta es la carta que expertos de Naciones Unidas enviaron al gobierno de Guatemala en febrero 2026. En ella describen las adopciones irregulares que ocurrieron y solicitan investigación sobre el rol de Consuelo Porras en las mismas.
ONU pide investigación a Consuelo Porras por adopciones irregulares