Pasaron dos años y medio para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentara los datos preliminares del censo a trabajadores públicos que prometió el presidente Jimmy Morales al inicio de su gestión y que arrancó desde junio 2017.

De acuerdo con el informe: 

Fueron censadas 85 instituciones de al menos 500 con las que cuenta el Estado.

Los resultados:

• 292 mil 753 empleados trabajan para el Estado.
• 64% en cargos fijos.
• 34% con puesto temporal.
• 50.1% son mujeres.
• 29% trabaja en el departamento de Guatemala.
• 89% labora en Ministerios.
• 37% tiene estudios universitarios.
• 78% gana entre Q3 mil y Q10mil

El proyecto contó con el apoyo de 5.3 millones de euros de la Unión Europea (EU), administrados por el Banco Mundial (BM). El desembolsó incluyó implementar programas complementarios para el combate a la corrupción en el sistema público.

¿Para qué sirve el censo?

Lucrecia Hernández Mack, exministra de Salud y diputada electa por el partido Semilla, lamenta el retraso del estudio, pero le preocupa más los aportes de la investigación, pues considera que no contiene información clara para el abordaje de políticas públicas:

Un censo no es una herramienta anticorrupción, lo que nos debería dar es información de cómo está el recurso humano del Estado para tomar decisiones sobre:  gestión, competencias y capacidades que tienen los trabajadores y contratistas del Estado. Entonces la información que hay no nos sirve ni para identificar plazas fantasma -que tampoco es el propósito- pero tampoco nos da información desagregada para tomar decisiones de políticas públicas.

Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera importante tener confianza en que los datos tienen que afinarse y que podrán ser de aporte para mejor la contratación de personas en el sector público. ASIES fue una entidad que estuvo involucrada en este censo.

Cuando esté afinado se podrá hacer un cruce entre el requerimiento de la plaza para el perfil de la persona que lo ocupará. E incluso se podrán crear políticas de recursos humanos, que aunque parezca paradójico tampoco es recomendable que existan personas sobre calificadas porque representa más en cantidad económica y no harán carrera en las dependencias.

Las autoridades encargadas de la recopilación de datos informaron que no pudieron censar a 37 mil 994 personas ausentes en sus puestos de trabajo, posiblemente por vacaciones o con permisos.

¿Plazas Fantasma?

La Unidad Nacional de la Esperanza sospecha que se trata de plazas fantasmas y Carlos Barreda diputado de ese bloque dijo:

“Lo que corresponde es que la Contraloría audite esas plazas y determine si hay irregularidades y se presente las denuncias correspondientes”.

Fredy Gómez, subgerente del INE, reaccionó ante la solicitud del diputado:

“El censo no es un instrumento de control administrativo y existe prohibición legal para que las investigaciones estadísticas sean utilizadas para fines tributarios o penales”

David Gaitán, exinvestigador de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) comenta que los datos del censo pueden ser un punto de partida para investigar plazas fantasma, sin embargo:

Es un tema dificil de investigar porque hay que tomar en cuenta varias variables, uno de los modelos de contratación es el de personal no permanente 029, que no tiene que asistir todos los días ni marcar una tarjeta para ingresar a laborar y eso complica la detección de estas.

Fortalecer el servicio civil

Hernández Mack considera que el problema en el sector público es que en muchos casos los trabajadores lograron un puesto por clientelismo o cuello y no por sus competencias. Además, otro factor son las plazas temporales que sirven como “bolsón de empleo”, por lo que ve necesario fortalecer el servicio civil:

 “Todas estas personas que están contratadas por renglones temporales tienen que pasar por un proceso de convocatoria y selección en donde puedan llegar a llenar las plazas 011 y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) no ha logrado impulsar este tipo de procesos. Se ha aliviado a través de pactos colectivos pero la manera de hacer esta clasificación es llamándole “traslado al 011” y no se hace conforme  a la ley de Servicio Civil: se reúnen el director de recursos humamos, el de la unidad ejecutora, el del sindicato y dicen “este sí, este no” se negocia y abre espacios a que se vendan plazas a Q5 mil las técnicas y a Q10 mil las profesionales como ocurrió en el Ministerio de Salud”.

La futura diputada dijo que desde el Congreso su bancada fiscalizará la correcta contratación y evaluación de desempeño de los trabajadores. Y trabajarán para fortalecer al a institución encargada del servicio civil, durante la campaña, partidos como Vamos y Valor, también mostraron interés por trabajar en el tema.