El presidente Alejandro Giammattei vetó la ley de vacunación y explicó que es inconsistente. No hay igualdad, se involucran entidades que no tienen que ver con el plan de vacunación y se vuelve obligatoria. Para quienes han contribuido en el consenso de la ley los argumentos del mandatario no son válidos y es necesaria cuando el costo de no vacunar es alto, especialmente porque la pandemia ha disminuido la vacunación regular en menores.
En el Congreso solo se tuvo un camino y se envió la ley a la comisión de Salud para efectuar modificaciones relacionadas con los señalamientos del mandatario, lo que significa presentar una nueva iniciativa y empezar de cero, dice la diputada y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, quien duda del interés de los parlamentarios por aprobar una ley que llevó cinco años de trabajo, no solo con diputados, sino con sectores sociales y expertos en vacunación.
«Cuando se envía a comisión y se quieren hacer cambios implica crear una nueva ley, después significa presentar la iniciativa para que se conozca en el pleno, que se envíe a comisión para dictamen, que se conozca en tercer debate, y no sé sí habrá suficiente interés para aprobar esa nueva ley de urgencia nacional porque se requieren 107 votos. La ley que aprobamos hace una semana está muerta».
La parlamentaria lamentó que el presupuesto de Salud se ha direccionado hacia la atención de la pandemia y eso ha provocado la desatención de la vacunación regular como la inmunización contra el Virus Papiloma Humano (VPH) en niñas de 10 y 11 años. Mientras que con la ley se mantendría un presupuesto para esos programas.
La Ley de Vacunación fue aprobada en el Congreso el 1 de febrero y su finalidad es que la vacunación para todo tipo de enfermedades sea gratuita. La normativa asegura un presupuesto anual para estar preparados ante posibles epidemias y pandemias como el Covid-19 y ordena garantizar una cobertura de vacunas en un 95% para enfermedades inmunopreveniblles como viruela, polio, sarampión y rubéola.
Hernández Mack dice que los argumentos del mandatario son “falsos y no tienen fundamento” para vetar la ley y más bien considera que “no la leyeron o no la entendieron”.
«La ley obliga al estado a disponer de vacuna y la gente voluntariamente decide si se vacuna o no. Otra mentira es que se afecta el presupuesto del ministerio de Salud y lo que dice es que se debe asegurar dinero para comprar vacunas».
Carmen Lucía Salguero, coordinadora de la comisinó de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), una entidad que contribuyó en la elaboración de la ley, refiere que el costo de no vacunar es alto para Guatemala
«El 60% de los niños en edad de ser vacunados no han sido inmunizados entre 20202 y 2021. El sentido de urgencia no va de la mano con las actitudes de regresar una ley. Los argumentos que da el presidente se podrían haber evacuado desde el ministerio de Salud en la etapa de formulación. Es una ley que se viene trabajando desde el 2014».
Según el presidente Giammattei, la Ley de Vacunación incurre en una extralimitación de funciones del Ministerio de Salud, al fungir como rector de instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y las municipalidades. El artículo 9 del código de Salud, refiere que el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene a su cargo la rectoría del sector Salud y la describe como la “conducción, regulación, vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel nacional”.
Los artículos 16 y 17 de La ley de vacunación mencionan que es responsabilidad de la población vacunarse contra las enfermedades inmunoprevenibles y en el caso de los menores de edad serán los padres quienes autoricen un esquema de vacunación.
Para este año el ministerio de Salud tiene Q403 millones de presupuesto destinados para programas de vacunación regular. Sin embargo, desde 2019 no se alcanzan las metas de vacunación. según la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas.