La Fiscal General, Consuelo Porras, se convirtió a sí misma en el obstáculo principal para el ejercicio del poder del presidente Bernardo Arévalo. Su intento de impedir que Arévalo alcanzara la Presidencia y los diputados del Movimiento Semilla ocuparan las curules para las que fueron electos, fracasó. Pero la capacidad de su acción para escamotear la voluntad popular, por ejemplo, mediante la anulación de forma inconstitucional del registro del partido oficial, persiste en el tiempo. Tristemente, por lo antidemocrático de la actitud, los opositores acuden a esa resolución de un juez Penal para sabotear el ejercicio del poder de quien les derrotó en las urnas.

La Constitución, que prevé que una Corte especializada resuelva este tipo de controversias, ha quedado severamente afectada por la decisión de los magistrados, aliados de Consuelo Porras y que llegaron a sus puestos por instancias de Alejandro Giammattei, de acuerpar la decisión del juez Penal. Incluso por encima de la Ley Electoral, de rango constitucional, y por encima de la propia Constitución.

La cooptación de las instituciones que inició Jimmy Morales para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) pero que se perfeccionó con Giammatei en el poder, ha pervertido el sistema hasta el punto de intentar regatear la voluntad del electorado en las urnas.

Por suerte, sin embargo, la propia Constitución establece que el pueblo puede ser convocado a resolver mediante el voto asuntos de gran trascendencia política. Y este lo es. Que el establishment, usando como herramientas a la Fiscalía General y a la Corte de Constitucionalidad, procuren escamotear la decisión de los ciudadanos convertidos en electores, resulta un asunto político relevantísimo.

De ahí que sea razonable la propuesta de los antiguos constituyentes de llamar a una Consulta Popular para que el pueblo determine si Consuelo Porras debe o no seguir en su cargo. La facultad de hacerlo se encuentra claramente enunciada en el artículo 173 de la Constitución.

El Presidente puede y debe llamar a una Consulta Popular para defenestrar a Consuelo Porras. Incluso, debería poder llamar a consultar por la renovación anticipada de la Corte de Constitucionalidad.

A no dudar existe el riesgo de que la propia Corte actual procure desconocer ese artículo de la Constitución y enmiende la Carta Magna otra vez con una resolución favorable a sus intereses. Sin embargo, pese a esa posibilidad rebuscada, la opción es clara.

Quienes defienden la permanencia de Porras se preparan ya para manipular el proceso de selección de aspirantes para garantizar que el siguiente Fiscal también obedezca a los intereses de la impunidad para la corrupción. Y ante nuestros ojos ha ocurrido que, organizados en una coreografía milimétricamente planificada, las instituciones bajo su control contribuyan a prolongar en la nueva Corte de Constitucionalidad a magistrados a favor de la corrupción.

El proceso de integración de Corte Suprema de Justicia, previsto para iniciar el mes entrante y que deberá juramentar a los nuevos magistrados en octubre próximo, es ya objeto de disputa entre los bandos pro y anti status quo.

Los beneficiarios de la impunidad para la corrupción saben que Consuelo Porras jamás lograría ganar una Consulta Popular. Por eso tratarán de impedirla a toda cosa.