El gobierno de Alejandro Giammattei suma en su tercer año, seis periodistas de diferentes medios de comunicación que han debido salir del país y ante la incertidumbre de no saber si podrán retornar sin ser criminalizados. Los últimos hechos solo han provocado zozobra en los medios de comunicación, dicen los propios comunicadores.
Para Evelyn Blank, periodista y coordinadora de Centro Civita, una organización que promueve y protege los espacios de expresión, dice que es evidente que en los últimos tres años, los medios de comunicación en Guatemala funcionan en un ambiente de acoso por parte del gobierno.
«Con un solo periodista que salga del país porque siente que no hay garantías para el ejercicio periodístico, ya debería ser una mala noticia para un gobierno que se presume de democrático. Esto tiene impactos personales para los periodistas que han salido, porque están a la deriva y viendo cómo sobreviven. Si se enferman sus familiares, no pueden venir al país».
Por cuestiones de seguridad, Blank prefiere no mencionar a los periodistas que han preferido salir del país. También explica que esta administración gubernamental está marcada por funcionarios que no acceden a entrevistas y por la información incompleta que se entrega en las oficinas de Acceso a la Información Pública.
En Centroamérica, Nicaragua es el país que ha registrado más persecución hacia los periodistas: según medios de comunicación de ese país, 120 periodistas han abandonado el país desde el 2018 cuando se registraron protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), refiere que entre el gremio periodístico hay “preocupación” de que Guatemala experiemente estas salidas.
«Que es utilizar mecanismos supuestamente legales para demandar a los periodistas y limitar su ejercicio profesional y la búsqueda del cierre de los medios».
Desde el 2020 a la fecha, la APG ha registrado 350 casos de periodistas criminalizados por publicaciones, algunos han sido acosados por personas supuestamente agraviadas con notas publicadas; otros han sido denunciados por cometer delitos en contra de la mujer debido a su trabajo periodístico. También hay denuncias de periodistas a los que se les niega el ingreso a eventos públicos para obtener información.
Uno de los que ha vivido el exilio es el guatemalteco Mario Álvarez González, de 41 años, quien ahora vive en Ciudad Juárez, México, a quien le fue negado el asilo en Estados Unidos. Durante 15 años trabajó con agencias de noticias y medios internacionales como Reuters y Univisión. Según dijo a la agencia de noticias EFE, fue amenazado en dos ocasiones por un político así que huyó con su esposa e hijo.
«Sabían que yo era director del canal y andaba detrás de los políticos, les dije que era mi trabajo y que no era personal, entonces me dijeron: si no te desapareces te vamos a desaparecer».
La agencia Ocote es uno de los medios digitales que se ha visto afectado por la salida de un integrante de su equipo, debido a un caso judicial atribuido a una cobertura. Su directora Alejandra Gutiérrez prefiere no dar detalles pues asegura que debe tener cautela en este panorama. Sin embargo afirma que aunque el acoso a la prensa se agrava “mes a mes”, no todo está perdido.
«Hay un espíritu bien interesante, eso me parece de los asuntos positivos. Hay medios independientes que realmente hacen periodismo, no medios que solo hacen relaciones públicas para grupos cercanos a los poderes, aunque sea contracorriente porque se cierran los espacios para la apertura de información».
Desde la desaparición de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, 24 fiscales y jueces también han salido del país, debido a procesos judiciales iniciados en su contra o por temor a ser perseguidos penalmente por los casos que investigaron. Entre ellos están la exfiscal Thelma Aldana, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval y las jueces Ericka Aifán y Claudia Escobar.