La muerte del exalcalde Álvaro Arzú no detuvo las investigaciones en el llamado caso “Caja de Pandora” que apunta hacia actos de corrupción en la municipalidad capitalina. Su alcance va más allá de la figuras que en octubre pasado fueron vinculadas al proceso: el fallecido jefe edil y Luisa María Salas, exdirectora del comité técnico del fideicomiso y síndico primero de la comuna, Zorayda Herincx, quien fungía como directora de atención a las comunidades precarias y Howard Yang, exdirector General de EMETRA.
Nueve meses después que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron las investigaciones, ayer realizaron 17 allanamientos en oficinas de la comuna central y la financiera de Occidente. El vocero de CICIG, Matías Ponce, explicó que dado que el caso está bajo a investigación no pueden revelar detalles de las pesquisas:
Se realizó inspección, registro y secuestro de información, las dependencias allanadas fueron:
- Departamento de Compras
- Dirección Administrativa
- Oficina de Atención al Vecino
- Dirección de Comunicación Social
- Dirección de Desarrollo Social
- Dirección de Educación y Cultura
- Dirección de la Mujer
- Dirección de Obras
- Dirección del Centro Histórico
- Dirección de Comercio Popular
- Gerencia Municipal
- Oficina Municipal de la Juventud y Deportes
- Programa CONVIVIR
- Regencia Municipal Región Norte
- Subdirección de Atención a las Comunidades Precarias
- Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares
- Dependencia del Grupo Financiero de Occidente
Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala afirmó que los trabajadores de la municipalidad están dispuestos a colaborar con las investigaciones, pero lamentó que se afectara al vecino con la interrupción de los servicios por lo que señaló: Hubiera sido necesario solicitar como en otros casos la información para no paralizar la labor municipal, aunque es necesario recordar que toda la información es pública y ellos pueden tener accesos cuando ellos quieran.
El objetivo las diligencias según el Ministerio Público es profundizar en los indicios y explorar nuevas líneas de investigación.
El caso Caja de Pandora se revelado el 5 de octubre de 2017, según los investigadores, fondos públicos fueron desviados para pagar insumos para la campaña electoral de 2015 del Partido Unionista. El material fue proporcionado por la cooperativa Torre Fuerte, administrada desde la prisión por el capitán Byron Lima Oliva, condenado por el crimen de Monseñor Juan Gerardi, convertido en uno de los reos más poderos del país, quien fue asesinado en la cárcel el 18 de julio de 2016.
Uno de los indicios que los fiscales presentaron fueron los testimonios de la exconviviente de Lima Oliva, Alejandra Reyes, quien además denunció la existencia de plazas fantasma en la comuna, que la beneficiaban a ella, a su mamá y a la viuda del reo asesinado Obdulio Villanueva, quien junto a Lima Oliva fueron parte de la seguridad de Álvaro Arzú mientras fungió como Presidente de la República.