Un mes antes del rechazo de su candidatura, Zury Ríos y Roberto Molina Barreto, excandidatos a la Presidencia del partido Valor, buscaron en instancias internacionales asesoría y amparo para proteger su participación en las elecciones de Junio 2019.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, mediante la sección que registra las actividades de cabildeo contratadas por extrajeros, registra los documentos de la firma estadounidense Sonoran Policy Group, los cuales revelan una relación contractual entre Ríos y Molina Barreto con la compañía. ¿El motivo?  “promover el derecho de todos los ciudadanos guatemaltecos a participar en elecciones libres y justas”.  El documento describe además que resulta “fundamental la lucha contra los socialistas que buscan socavar la soberanía nacional”.

El contrato fue firmado  el 19 de abril, un mes antes de que la máxima corte de justicia del país denegara la participación al binomio presidencial al considerar que Zury Ríos tiene prohibición constitucional por ser hija de un caudillo que llegó al poder mediante un golpe de Estado.

Lobby establece «lucha contra el socialismo».

El documento registra que la entidad hará el lobby “pro bono”.

Molina Barreto, excandidato vicepresidencial de la organización, explica cómo empezó la relación:

 No los buscamos. Nos buscaron y era para una divulgación del pueblo estadounidense de la situaciones políticas, para ver cómo se desarrolla la democracia en los países con los cuales tienen una relación.

Según Molina Barreto, la firma tenía conocimiento de la situación por la que atravesaban:

Nosotros creemos que todo esto está orquestado para favorecer a una candidatura la cual sabemos que tiene una relación con organizaciones internacionales de izquierda y por eso se ha gestado una construcción en los órganos estatales, lo cual ha impedido nuestra participación y todo ha favorecido la candidatura de la UNE.

Cesar Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que las declaraciones de Molina Barreto no tienen sustento legal:

¿En qué momento nosotros como partido podríamos haber hecho que se interpretara jurídicamente una norma. Eso estuvo en manos de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que a estas alturas ellos, para no quedar mal, tienen que justificar que cualquier partido tuvo algún tipo de responsabilidad.

Roberto Molina Barreto es firmante del contrato

El contrato con la firma de lobbistas caduca el 16 de agosto, cinco días después de la segunda vuelta electoral. El vicepresidenciable de Valor asegura que la firma no cabildeó con funcionarios estadounidenses, pero confirma:

– Sí tuvimos al margen de este documento, entrevistas con congresistas en Washington, tanto Republicanos como Demócratas; advertimos que lo que se estaba gestando para evitar nuestra participación, violando la Constitución y los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.

Ana María Diéguez, excanciller guatemalteca, opina con escepticismo sobre este asunto:

En el siglo XXI, contratar en Estados Unidos un lobby para impedir que llegue el socialismo a Guatemala es totalmente absurdo, desde mi punto de vista. Primero, no hay ningún riesgo de que llegue; lo que me parece es que están nuevamente asustando con “el petate del muerto” de que cualquier acción que se tome para frenar al pacto de corruptos o a quienes quieren dejar el status quo es socialismo. Por lo menos ya lo bajaron y ya no es comunismo, pero siempre es la misma intención.

En tanto el excanciler Édgar Gutiérrez ve estas acciones como inútiles:

Yo no le veo mucho futuro a este tipo argumentos en cabildeos porque en el Congreso de los Estados Unidos hay una diversidad de matices ideológicos. Puede ser que tenga eco en dos o tres senadores ultraconservadores y eso no va a cambiar nada. El ejecutivo estadounidense tomó la decisión de no inclinar balanzas en materia electoral en Centroamérica.

El binomio presidencial del partido Valor espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgue medidas cautelares y exhorte al Estado de Guatemala a permitir su participación.Hoy la agrupación presentó una demanda más, ante la Corte Centroamericana de Justicia contra el Estado de Guatemala por anular la inscripción.

* Con colaboración en entrevistas y traducción de María José Lara y Carlos Kestler.