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Claudia Paredes dejó la presidencia del Organismo Judicial el mes pasado, mientras que  Amílcar de León, un activista de 31 años a quien Paredes denunció en abril de este año por terrorismo e instigación a la violencia, a raíz de un tuit dirigido a ella, lleva ocho meses en prisión preventiva, según su colega Alex Aguilar, activista conocido como Alex En La Lucha.

“Tiene ocho meses en prisión preventiva. No hay fecha de audiencia. Lo más seguro es que termine el 2026 en la cárcel”.

El calendario complica su situación. Los juzgados entraron en período de vacaciones y, entre el 3 de noviembre y el 8 de enero, su personal trabaja por turnos.

De León permanece en el preventivo de la zona 18, donde ha enfermado. Aguilar dice que su estado de salud no es grave. Lo que más le preocupa es su ánimo y el costo de la reclusión.

“Nadie está cómodo en una cárcel donde hay criminales, donde hay sicarios y secuestradores. El dormir con narcotraficantes no lo tiene tranquilo.

ConCriterio intentó hablar con familiares de De León y con su abogado, pero no fue posible.

Una frase en redes sociales lleva a prisión por terrorismo a critico de Internet

Abraham Ábrego, abogado de Cristosal, organización salvadoreña de derechos humanos, distingue entre el posible agravio del mensaje y la gravedad de la figura penal invocada. De León escribió en un tuit: «Quiero saber todo. Absolutamente todo de esta chucha: su dirección, su teléfono, sus hijos, su marido, su casero, sus cómplices; todo».

“Yo creo que es un uso desproporcionado del sistema penal. Acá uno puede interpretar que hay algún nivel de violencia contra la mujer o expresiones que pueden dañar la moral y se resuelven por otras vías, pero hablar de terrorismo es hablar de una conducta grave, delictiva”, dice Ábrego.

“La vía penal debería ser el último recurso porque implica que una persona va a perder su libertad”.

Ábrego aclara que desconoce los detalles del expediente y los motivos concretos por los que De León sigue detenido. Sus observaciones se centran en la prolongación de la prisión preventiva y en la calificación penal de los hechos.

“La relatoría de la ONU contra el terrorismo ha estado trabajando bastante en tratar de aclarar el concepto: no llamar terrorismo a conductas que tienen otras vías. Es una forma de estigmatizar”, dice Ábrego.

En tanto, Aguilar considera: “Esto se puede arreglar pidiéndole una disculpa pública a la magistrada”.

Héctor Chaclán, tesorero de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, reconoce en esa espera algo de su propia experiencia. Su caso surgió tras las protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales. El Ministerio Público buscó sostener un señalamiento de terrorismo.

“Nosotros tuvimos que esperar 15 meses para que nos dieran la audiencia. Sabemos que lo que no quieren dar es la audiencia de etapa intermedia porque se sabe que ahí se tienen que determinar los casos. Por nuestra parte, el juez pudo evaluar, con cada una de las pruebas, que no existía ningún argumento para que fuéramos enviados a juicio”.

En septiembre, el juez Mynor Moto señaló que no se puede decir que los 48 Cantones sean una organización criminal y terrorista, y cerró el caso contra sus líderes.