Autor: Juan Luis Font

El gobierno trastabilla en muchas cosas, pero esta semana asume una batalla crucial contra el sistema corrupto.

El Ministerio Público intenta impedir que el Gobierno pague y ejecute obra. Procura amendrentar a funcionarios y a constructores.

Alejandro Sinibaldi consigue que la jueza Cruz lo exculpe para vergüenza de casi todos en Guatemala.

El sistema financiero nacional a merced de la codicia y la necesidad de adecentar el dinero que proviene de la prosperidad política.

Cien días [in] gratos en que las buenas costumbres y la moral de los conservadores guatemaltecos se han visto confundidos por sus gobernantes.

¿Qué nos dice que el presidente Bernardo Arévalo haya visto estrellarse contra la pared el primer decreto que envía al Congreso?

Más y mayores dificultades a la vista para Bernardo Arévalo en caso Donald Trump vuelva al poder. El lobby en contra suyo frente a los republicanos marcha a buen ritmo en Washington.

El gobierno de Arévalo coloca a la defensiva al entorno de Alejandro Giammatei y Consuelo Porras. Angel Pineda es el primero. Pero el objetivo es mucho más amplio.

Los diputados aprueban leyes antes engavetadas por no convenir a los intereses del poder económico. Fallan por ahora los esfuerzos de la Corte de Constitucionalidad y Consuelo Porras.

Al procurar que los diputados del Movimiento Semilla se mantengan limitados en sus facultades, los opositores se revelan incapaces de vencerlos políticamente.

El riesgo de que se abra una brecha entre el presidente Bernardo Arévalo y la bancada de Semilla.

La disyuntiva entre ser una administración que le abra al país un horizonte democrático o conformarse con ser un alero donde guarecerse de la lluvia por un tiempo.

El gobierno elige la vía legal para enfrentar a sus enemigos. Pero la justicia está en manos de ellos y así le va. Sin embargo, elige no decir mayor cosa al respecto. Ni al respecto de nada.

El presidente Bernardo Arévalo afronta su mayor desafío de corto plazo y se ve en riesgo de hipotecar su gobierno entero a la actuación espuria de las instituciones cooptadas.