La opción más benévola para distender la tensión social provocada por Consuelo Porras queda descartada.

La Fiscal es adversada por miles y miles, si no millones de personas, sobre todo por su esfuerzo para impedir la llegada de Bernardo Arévalo al poder o por intentar maniatarlo. Porras es la figura pública más detestada de Guatemala, pero cuenta con todo el apoyo de la alianza gobernante.

A juzgar por sus resoluciones, la Corte de Constitucionalidad juega en ese equipo y se alinea con la Fundación del Terrorismo. Al autorizar a un juez penal como Fredy Orellana para suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla o incluso impedir que tomen posesión en cargos públicos sus candidatos, con base en la ley de Delincuencia Organizada, la Corte prefiere sacrificar el orden constitucional para mantener a flote a quienes detestan que el electorado haya votado por un candidato anticorrupción.

A la Corte no parece importarle el descontento popular que semi paraliza al país. Los magistrados, que bien podrían haber desentrampado la crisis, apuestan por llevar el agua a punto de hervor. Otra de sus resoluciones más recientes insta a la fuerza pública a actuar contra los manifestantes que obstruyen carreteras justo cuando de manera espontánea y generalizada en todo el territorio se unen más y más grupos de vecinos y gremios a protestar contra Consuelo Porras.

La Corte Suprema tampoco ha querido resolver contra la amenaza a los resultados electorales. Y el resto del Organismo Judicial omite otorgar los amparos que le ha derivado la CC y así se alinea con la alianza gobernante que encabeza Alejandro Giammatei.
Si en el sistema legal no hay opciones de frenar el embate de la Fiscal contra el triunfo del partido Semilla, tampoco aparece en el horizonte una oportunidad de diálogo.

Las mesas de discusión que podrían haber sido una manera de administrar la crisis han sido desestimadas por la alianza oficialista. Tanto el Procurador de Derechos Humanos (de viaje) como la presidenta del Congreso, la diputada oficialista Shirley Rivera, han dado la espalda a la búsqueda de un acuerdo.

La comunidad internacional, que pide respeto para la decisión de los votantes, se muestra expectante. Nada más.

La población, mientras tanto, encabezada por 48 Cantones de Totonicapán, y acuerpada por decenas y decenas de grupos de burócratas, profesionales, comerciantes de mercado y de local, universitarios y escolares, se mantiene en pie de lucha. Del tiempo que puedan resistir depende en buena medida el éxito de su empresa. Su determinación hasta el fin de semana es firme y los grupos mejor organizados en los distritos indígenas del Altiplano anuncian que están listos para enfrentar los intentos de la fuerza pública por dispersarlos.

De manera que el país se conduce hacia una confrontación en apariencia inevitable.

¿Resistirán los manifestantes? ¿Podrán impedir el desabastecimiento? ¿Se atreverán la Policía y el Ejército a reprimir a la población? ¿Soportará el ya precario orden constitucional las amenazas que su infuncionalidad y la cooptación de las instituciones le deparan?

Guatemala es hoy un polvorín a la vecindad de las ascuas.