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Blanca Edelmira Saravia, excandidata a diputada por Jutiapa del partido VALOR en 2023, resolvió la ecuación de la libertad. En junio 2024, fue acusada por el asesinato de su prima, la abogada Sindy Paz, quien murió en un ataque armado cuando manejaba su vehículo cerca de la Universidad Mariano Gálvez, en mayo de 2017.
En junio de 2025, la jueza Claudette Domínguez cambió el delito de asesinato por el de encubrimiento propio. Mientras el asesinato la inculpa de matar a la persona con penas entre 25 y 50 años de prisión, el encubrimiento la responsabiliza de ayudar al autor a eludir la justicia con penas entre 2 meses y 3 años de cárcel.
El MP apeló porque sostuvo que no era una simple encubridora, sino la autora intelectual y coordinadora del crimen, pero la Corte de Constitucionalidad (CC), en octubre de 2026, confirmó con el voto de Roberto Molina, Dina Ochoa y Julia Rivera que la excandidata debía enfrentar cargos como encubridora.
En 2019, Molina Barreto fue vicepresidenciable de Zury Ríos con el mismo partido de la inculpada.
Solo dos semanas después del fallo de la CC, Saravia aceptó cargos y el juez de Mayor Riesgo C, Edy de León, autorizó su libertad inmediata al imponerle 1.5 años de prisión conmutables (los cuales ya cumplió, pues estuvo encarcelada en marzo 2024).
Jaime Hernández, abogado de Saravia, no respondió a las llamadas ni mensajes de ConCriterio. El abogado formó parte del equipo de defensa de Efraín Ríos Montt, exjefe de facto, en el juicio por genocidio. Hernández también representó a VALOR cuando denunció fraude con la elección del presidente Bernardo Arévalo en 2023.
A pesar de todo, el MP insiste en la tesis de fraude en la primera vuelta
El que tiene el dinero, logra impunidad
Byron Castañeda, abogado de la víctima, cuestiona el fallo de la CC: “Si bien los magistrados que estuvieron a favor del recurso de apelación indican que la reforma del auto de procesamiento no es un acto definitivo, en este caso se demostró que sí es definitivo porque la defensa solicitó inmediatamente la aceptación de cargos. Cuando el fiscal planteó sus argumentos, el juez le advirtió públicamente que si él no procedía con la aceptación de cargos, le iba a certificar lo conducente”.
Édgar Morales, exfiscal del MP, señala un peligro en el proceso: “En la práctica, lo que está sucediendo es el cambio de calificaciones jurídicas para que puedan aplicar a una aceptación de cargos. Yo siempre lo he dicho: “la aceptación de cargos es un elemento que genera impunidad”.
La defensa de la víctima prestó atención a un dato durante la última audiencia: El abogado de la señora Saravia Recinos expresó que él conoce más de 150 casos en los que la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el mismo sentido; como se dice: “aquí el que logra la impunidad es el que tiene los medios económicos e influencia”, porque el que no, tiene que sufrir las consecuencias de un proceso ordinario.
Con la reforma del delito y la aceptación de cargos los querellantes quedaron fuera del proceso. El MP no respondió si apelará.
Otros casos controvertidos de reformas a delitos fueron el de Kevin Malouf, acusado de desmembrar con motosierra a su paciente, quien murió en el quirófano en 2023, y María Fernanda Bonilla, acusada del homicidio de Melissa Palacios, en julio de 2021. Ambos lograron que los jueces redujeran sus delitos a tipos no intencionales, pero las salas de alzada rectificaron. Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en cambio, resolvió su caso pasando de lavado de dinero a conspiración para el lavado de dinero, lo que le dio un pase a la libertad.
El cambio de delito y la aceptación de cargos, una ecuación que puede facilitar penas menores y la libertad de procesados.