Detrás de la condena a Jose Rubén Zamora a 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero hay un sustrato más positivo que negativo.
La alianza Ministerio Público/Fundación del Terrorismo logró poco en comparación de lo que buscaba. Todo el dinero invertido, todos los recursos públicos y privados puestos en fuego, arrojaron un resultado magro.
El Tribunal expresó que la fiscal Cinthia Monterroso, pupila de Rafael Curruchiche, simplemente no logró demostrar nada. Fracasó en su tesis respecto a que Zamora chantajeaba o traficaba influencia para afectar al señor García Navarijo. Fracasó en su intento por refundir en la cárcel por muchos años más a Samari Gómez (cuán valiente y determinada fue la auxiliar fiscal que se negó en redondo a aceptar cargos a cambios de su libertad como le ofreció la Fiscalía varias veces). También fracasó en su esfuerzo por demostrar que el origen de los fondos que Jose Rubén intentó ingresar al sistema bancario por medio del banquero fascineroso era sucio.
Y sin embargo, Zamora está en prisión por no haber podido demostrar él mismo que ese dinero tiene un origen legítimo.
Ese es su logro. Mantener a Jose Rubén en la cárcel para satisfacción de sus patrocinadores pero, ¿a qué costo?
El mundo entero ha vuelto la vista hacia Guatemala a partir de este caso. Y el Tribunal, al hacerse el desentendido respecto al irrespeto del derecho a la defensa de Zamora, hace que el caso se vuelva sólido ante una corte internacional. Incluso debería serlo también ante las cortes nacionales pero la cooptación de las instituciones del país lo imposibilita.
Sin embargo, las elecciones están ya a la vuelta de la esquina y es más probable que el pacto por la impunidad y la corrupción vea truncado su esfuerzo por coronarse de nuevo.
Los integrantes del Tribunal, pese a haber condenado a Zamora a partir de una inferencia (no descabellada si se toma en cuenta la simulación de una transacción comercial para justificar el dinero en las cuentas de elPeriódico), se atrevieron a contrariar a la enviada de Consuelo Porras y sobre todo, a los agentes del mal de FundaTerror. Esto refleja que el suyo es un poder declinante ya a mediados de junio, y no va rumbo sino a debilitarse.
A menos que Zury Ríos gane las elecciones o que Sandra Torres logre una segunda vuelta vencedora, Consuelo Porras va para fuera del Ministerio Público. Ya se habla de una renuncia suya antes del cambio de gobierno para garantizar que Alejandro Giammattei nombre a alguien favorable a la alianza pro corrupción e impunidad, quien le garantizaría cobertura legal a su antecesora. Ese empieza ya a ser un temor concreto para la Fiscal General y sus allegados. La posibilidad de una persecución en su contra por sus actuaciones ilegales.
El mismo fiscal Curruchiche, al solicitar que se incluya a Zamora en la lista Engel, pone en evidencia cuánto le pesa al círculo cercano a Consuelo Porras encontrarse bajo sanción de Washington.
Al sustituir a la Fiscal anticipadamente, se buscaría que el Departamento de Estado expresara alivio aunque por otra parte no se ablande en lo absoluto la persecución a quienes han actuado contra los corruptos.
Por lo demás, el Tribunal ha dejado claro que Ronald García Navarijo carece de credibilidad. Y su apuesta de ayudar al Gobierno por medio del Ministerio Público para perseguir a un crítico suyo no ha resultado lo fructífera para él que se esperaba.
¿Quién más querrá jugar el papel del banquero hoy en la mira de todos? ¿Quién volverá a confiar en la capacidad del MP si ni siquiera cuando cuenta con todo a su favor logra los resultados que se propone?