Escuche la nota aquí:
Carreteras inconclusas, hospitales o escuelas con muros y columnas a medias y hierros oxidados. Ese es el estado de la obra pública en el país durante al menos una década. El ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Viviendas (MICIVI) cuenta 286 proyectos bloqueados por procesos en los juzgados. Hay:
- 100 juicios civiles en los que el MICIVI figura como interesado
- 9 procesos civiles contra la institución
- 138 juicios contencioso administrativos contra la cartera
- 39 laudos arbitrales también en contra
Corrupción, sobrevaloraciones, incumplimientos o desacuerdos entre los contratistas originaron los juicios y muchos no son evacuados.
Rescate de los proyectos
La bancada oficial en el Congreso de la República plantea una salida con la iniciativa de ley S.O.S: Solución a Obras Suspendidas por Procesos Judiciales. David Illescas, diputado de SEMILLA, la explica:
“No se pierde lo que ya se pagó; no queda impune quien cometió la sobrevaloración; y se termina la obra. Que si un proyecto está detenido por un proceso contencioso administrativo o judicial, se entregue como anticipo de prueba, se finalice el contrato; que el proceso judicial continúe su vía, pero que otra institución –que no sea la misma– pueda levantar un evento de lo que está a medias. Por ejemplo: las “Escuelas Bicentenario”, la mayoría están judicializadas por sobrevaloración, entonces se permite que la nueva institución reciba el control sobre esta obra y de cero, levante una nueva licitación.
La iniciativa establece para la ejecución sustitutiva:
- Que la obra esté paralizada por razones judiciales.
- Que el interés público esté afectado.
- Que se conserve físicamente el proyecto o parte del mismo.
- Que exista presupuesto identificado, asignado y disponible para continuar el proyecto.
- Que en caso de un proceso penal, ya estén las diligencias de prueba anticipada.
La unidad ejecutora sustituta debe licitar en un plazo máximo de 30 días; el contrato original no será trasladado ni subrogado; y se contratará un nuevo proveedor. El contratista anterior podrá participar si cuenta con habilitación judicial definitiva ni proceso penal en curso.
6555Delfino Mendoza, miembro de Guatemala no se Detiene, una iniciativa empresarial que apoya el desarrollo del país, y exjefe de planificación de carreteras del MICIVI:
Si esa iniciativa permitiera que otra empresa contrate el proyecto y que la compañía original continúe con el litigio, podría ayudar; sin embargo, en la parte técnica habría que ver cómo deslindarse, desde donde deberá retomar el nuevo contratista. Cualquier iniciativa que permita desentrampar esos proyectos es bienvenida.
De hecho, el decreto de presupuesto 2025 estableció en su artículo 83 la creación de la Mesa de Atención y Viabilización de Proyectos y mandó a auditar las obras no ejecutadas. La mesa presentará sus resultados la próxima semana.
Mendoza: han estado analizando lo del Puente Belice; solo CAMINOS tiene unos 70 proyectos que mandó a esa mesa. Por ejemplo, la Ruta Nacional 5, que va desde la Calzada San Juan hasta Rabinal, se contrató para pavimentar en 2012 y se quedó entrampada desde el Caso Construcción y Corrupción; 10 años desde que el proyecto quedó paralizado.
Ruta Odebrecht
Caso contrario ve en la ampliación a 4 carriles de la CA-02 Occidente, entre Cocales, Suchitepéquez y Tecún Umán, San Marcos; un contrato suscrito bajo señalamientos de corrupción del exministro Alejandro Sinibaldi, señalado de recibir US$17.9 millones en sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
“Odebrecht en el tema contractual con Comunicaciones se llegó a una liquidación del contrato, hay acta y el proyecto está libre, ahí se debió haber contratado desde hace tres años.
Sobre la ruta Odebrecht, Jazmín de la Vega, exministra del MICIVI: De hecho, yo había mandado una comisión a que fuera hacer un levantamiento de lo que faltaba en el tramo para sacarlo a licitación, porque los procesos legales son hacia las personas.
Mendoza señala que de hecho en la ruta Odebrecht hay por lo menos 4 eventos que fueron levantados a partir de 2023 y que cuentan con presupuestos y a pesar de ello no se ponen en marcha.
No solo es el desnivel de la Roosevelt: 83 proyectos están suspendidos