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La investigación que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó la semana pasada dejó grandes dudas sobre quiénes ganaron con las 410 empresas construidas de la nada y ahora señaladas de defraudar millones de quetzales entre 2021 y 2023.
ConCriterio hizo una revisión de documentos y esta es apenas la historia de una compañía, su representante y sus negocios: Consorcio de Mallorcas S.A. fue creada en 2022 y representada por Edvin Leonel Rodríguez Santizo, quien prestó servicios técnicos en la unidad de Material Móvil de la Policía Nacional Civil (PNC) donde devengó Q184 mil 741 entre 2020 y 2022. Un año después se convirtió en proveedor del Estado para vender a la PNC insumos de limpieza y oficina hasta por Q5.9 millones.
Los negocios siempre fueron de baja cuantía, la cifra mágica osciló entre Q20 mil y Q25 mil. El 50% de los contratos que suman Q2.5 millones fueron por alquiler de cabinas de baño. En total 122 contratos entre los Q19 mil 500 y Q24 mil.
ConCriterio revisó los contratos y resaltan estos detalles:
- La compañía cobró Q20 mil 800 por alquilar, durante un día, 26 cabinas de baño en Santa Catarina Ixtahuacán. El valor unitario por arriendo fue de Q800.
- En otro alquiler de 3 cabinas para Las Conchas, Alta Verapaz, cobró Q24 mil por 8 días.
ConCriterio llamó a RentableGt, una compañía que provee estos servicios. Y cotizamos 3 baños por 8 días para Las Conchas, Alta Verapaz.
“Si son 3 o 4 baños, más o menos unos Q4 mil 500 por toda la semana”.
Consorcio Mayorcas facturó el triple, así que este reportero corrobora:
- Cada baño ¿Q4 mil por la semana?
- No, no: Q4 mil por todos los baños, por 3 o 4”.
David Boteo, director de la PNC, respondió por chat que analizan con el ministerio de Gobernación los contratos con las empresas señaladas por la SAT.
Marvin Flores, analista de contrataciones con el Estado, nos dice que el gobierno debe inhabilitar los negocios con estas empresas. Además, señala que se pueden implementar tres aspectos:
- Existen los precios de referencia que se pueden verificar y eso lo tienen que hacer las unidades de auditoría interna.
- Que la Contraloría General de Cuentas funcione –aunque eso es pedir un milagro, pues comúnmente sirve para poner reparos– pero debieran estar sobre la vigilancia de la ejecución presupuestaria. Es necesario que haga auditoría concurrente, que no haga autopsias.
- Prevención y sanción a la corrupción, que ya lo empezó a hacer el Ejecutivo, con los comités de ética.
Flores dice que es prescindible que se haga una auditoría de los proveedores para saber a quién está comprando el Estado.
Una forma ágil y fácil es hacer cruce de datos entre la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y SAT: si tienen activos en los bancos y si tienen planillas. Para el Estado, no es difícil verificar, es un tema de coordinación interinstitucional.
Carlos Díaz, empresario proveedor de elevadores en el país, añade que se debe replantear la figura de las Juntas de Calificación, ya que muchas veces no tienen la capacidad de determinar sobre los productos o servicios que se ofertan. Aunque en su campo no es muy frecuente, este empresario se ha enfrentado con competencia inusual:
cuando uno participa con el Estado, nos encontramos con empresas de poca experiencia, sobre todo en la parte de servicio y mantenimiento.
Estos proveedores incluso han optado por no participar cuando detectan empresas con estas características, porque saben que tienen más posibilidad de ganar por ofertas a más bajo costo. En la investigación de la SAT, eran 400 compañías con estas características las que arrasaron con contratos, que con montos chiquitos, hicieron fortuna. Estas han sido inhabilitadas por la SAT.