En tan solo cuatro años, en Guatemala han ocurridos sucesos que, por su magnitud o su frecuencia, no dejan de sorprender, indignar o decepcionar.

Al gobierno de Jimmy Morales y al primer año de gestión de Alejandro Giammattei los separa una pandemia. Hablar de una mejora social es entrar en un debate con muchas aristas, pues los cambios positivos son apenas palpables y las situaciones importantes no parecen haber tenido avances considerables.

ConCriterio recientemente cumplió cuatro años de estar en el aire, tiempo en el que ha sido testigo de varios sucesos que, al analizarlos en retrospectiva, todavía siguen siendo una herida que no cicatriza.

A continuación, le presentamos 10 datos y cifras que reflejan qué ha ocurrido en Guatemala de marzo del 2017 a la actualidad.

1. El inestable Ministerio de Gobernación

Aunque en los últimos cuatro años Guatemala ha tenido dos presidentes, en el Ministerio de Gobernación, uno de los más importantes para garantizar la protección ciudadana y la democracia, han desfilado seis dirigentes.

Jimmy Morales, en enero del 2018, tuvo que aceptar la renuncia de Francisco Rivas y designó en su lugar a Enrique Degenhart, quien fue su fiel lacayo durante la expulsión de la CICIG y la firma del acuerdo migratorio de “tercer país seguro” con Estados Unidos.

Con tan solo un año de mandato, Alejandro Giammattei ha tenido que cambiar de ministro en varias ocasiones: arrancó su mandato con Edgar Godoy y, en menos de cinco meses, lo sustituyó por Oliverio García Rodas, quien, por problemas de salud, dejó el cargo meses después. De manera temporal -15 días- y casi desapercibida, llegó Claudia Díaz León.

A partir de noviembre del 2020, Gendri Reyes tiene la batuta de ese Ministerio, pero su permanencia es incierta. La ciudadanía y los diputados de oposición parece que están decididos a ejercer presión para que deje el puesto. La fuerza policial injustificada que se desplegó contra algunos manifestantes que estaban en desacuerdo con la aprobación del presupuesto del 2021 es su piedra en el zapato.

2. La justicia no ha llegado para las 56 víctimas

El 8 de marzo del 2017 se produjo el primer programa ConCriterio y ese mismo día ocurrió un hecho que enlutó al país: el incendió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el cual fallecieron 41 niñas y otras 15 resultaron heridas, algunas de gravedad.

Según la opinión pública, esta tragedia es responsabilidad del gobierno de Jimmy Morales, pues ocurrió en un centro de acogida para jóvenes en riesgo a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), a quienes las autoridades debían cuidar y proteger.

Por este caso, que aún ha llegado a su fin, fueron denunciaron y detenidos Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres, exfuncionarios de la SBS. A finales del 2020, Keller y Torres fueron beneficiados son arresto domiciliario. En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia le otorgó un amparo a Rodas para que su caso sea revisado nuevamente y pueda recibir una medida sustitutiva que le permita salir de prisión.

Las familias de las víctimas, cada 8 de marzo realizan un homenaje a las fallecidas y exigen justicia. Según la Fundación Sobrevivientes, el caso se ha visto entrampado por amparos y recursos legales que han representado un desgaste económico y emocional para los denunciantes. Cuatro años después, ningún implicado ha sido condenado.

3. Los arrepentimientos del Congreso

Entre el 2017 y el 2021, el Congreso de la República de Guatemala ha tomado varias decisiones cuestionables, pero particularmente dos han indignado tanto a la ciudadanía que, luego de manifestaciones y repudio en redes sociales, el Organismo Legislativo ha tenido que recular.

El 13 de septiembre del 2017, los diputados de ese entonces aprobaron, de urgencia nacional, reformas al Código Penal que, entre otras cosas, dejaban sin efecto la persecución penal por financiamiento ilícito y abría la puerta para que muchas personas que guardaban prisión recibieran medidas sustitutivas.

La desaprobación y la indignación no se hicieron esperar. El rechazo de la ciudadanía logró que, en un acto de mucho simbolismo, el 15 de septiembre -Día de la Independencia- se gestara una manifestación que fue bautizada como “la encerrona”, pues cientos de guatemaltecos no permitieron que los diputados que votaron a favor salieran del Congreso después de la sesión plenaria. Luego de la tensión y los enfrentamientos, los parlamentarios tuvieron que retractarse y dejar sin efecto la normativa.

El segundo arrepentimiento ocurrió en noviembre del año pasado, luego de la aprobación, en horas de la madrugada, de Q99 mil 700 millones para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del 2021. Según ICEFI, el monto asignado no era el problema, sino la distribución del mismo: poca asignación para la lucha contra la desnutrición y el mejoramiento del sistema de salud, y más recursos para temas no prioritarios.

La opacidad y la falta de transparencia para la designación del dinero generaron manifestaciones ciudadanas que se tornaron violentas y las autoridades fueron criticadas por el abuso de la fuerza policial. Ante los cuestionamientos de diferentes sectores, los parlamentarios dieron marcha atrás y el presupuesto quedó engavetado.

4. Menos homicidios

La tasa anual de homicidios en Guatemala va a la baja. En el 2017, la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que las defunciones por violencia fueron de 26.1 por cada 100 mil habitantes. En el 2018, la cifra cayó a 23.5 homicidios por cada 100 mil, según un informe de Diálogos.

La tendencia se ha mantenido y el 2019 cerró con 20.1 defunciones por cada 100 mil guatemaltecos. El 2020 terminó como un año histórico: los homicidios contabilizados fueron de 15 por cada 100 mil habitantes; es decir, la tasa más baja reportada por la PNC desde 1995.

De acuerdo con los expertos, las autoridades tienes dos retos para el 2021: seguir con la reducción de muertes por hechos de violencia y lograr que los datos se reflejen en la percepción de la población, ya que la creencia es que los homicidios han aumentado.

5. Cifras de muertes violentas de mujeres se mantienen

Los femicidios en Guatemala son una problemática que no decrece con el paso de los años. Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en 2017 se registraron 732 muertes violentas de mujeres. En 2018 y 2019, la cifra se mantuvo en más de 660 casos. Los datos se redujeron en 2020 (456 casos), un año atípico a causa de la pandemia mundial. No obstante, en el primer trimestre del 2021, el Observatorio de Mujeres del Ministerio Público (MP) reportó 106 víctimas de femicidio.

(Crédito: Manuel Ávila)

La suma de los casos desde 2017 a la fecha revela que han sido asesinadas 2 mil 633 mujeres.

De forma paralela, la cantidad de delitos de violencia y agresiones sexuales se ha mantenido elevada. Según datos del MP, del 2017 a la fecha, la cifra promedio anual de víctimas de violencia sexual que denuncian a sus agresores ante el sistema de justicia no baja de 9 mil.

El problema de la violencia y asesinatos contra mujeres ha despertado una preocupación generalizada en la sociedad. Durante los últimos años, la conmemoración del 8 de marzo ha estado rodeada de consignas para exigir que estos delitos no queden en impunidad.

6. Tragedias de la naturaleza dejaron miles de damnificados

En los últimos cuatro años, la población guatemalteca ha resistido una serie de tragedias naturales. Producto de estas, cientos de familias lamentaron la muerte de seres queridos. Otros perdieron sus pertenencias y sus viviendas.

En septiembre de 2017, se registró un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter. San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán y Suchitepéquez fueron los principales departamentos afectados. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reportó más de 3 mil 500 personas afectadas y 81 viviendas dañadas.

Un año después, en junio de 2018, tras la erupción del Volcán de Fuego ubicado entre Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, fallecieron más de 200 personas y otras 229 no fueron localizadas. Esas fueron las cifras oficiales; sin embargo, los datos estimados por las familias de los fallecidos son mucho más altas.

A partir de la tragedia, las aldeas El Rancho, La Trinidad y Don Pancho, ubicadas en Escuintla, fueron declaradas inhabitables. La situación de las familias ubicadas en esa zona las ha obligado a reinstalarse en las faldas del volcán, a pesar del riesgo latente. Cientos de ellas también siguen a la espera de ser reubicadas en un sitio seguro.

Finalmente, en 2021, las tormentas tropicales Iota y Eta afectaron a 2 millones 438 mil 933 personas, según CONRED. Además, cobraron la vida de 61 personas y dejaron 99 personas desaparecidas. Las tormentas golpearon a todo el territorio nacional, pero principalmente a Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quetzaltenango, Quiché, Chiquimula y Huehuetenango.

7. Escándalos de corrupción denunciados por la FECI

Antes y después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ha presentado una serie de casos que revelan estructuras criminales incrustadas en instituciones públicas.

Expresidentes, exministros, exalcaldes, exdiputados y empresarios han desfilado en la lista de acusados por la FECI durante los últimos cuatro años. Es amplio el portafolio de casos de corrupción presentados por el MP; sin embargo, destacan aquellos en los que exfuncionarios y empresarios han figurado como acusados.

En 2017, la Fiscalía reveló los casos de financiamiento ilícito en las organizaciones políticas FCN, UNE y Líder. El expresidente Jimmy Morales y los excandidatos Manuel Baldizón y Sandra Torres fueron acusados de incumplir la Ley Electoral. También estuvieron implicados empresarios guatemaltecos, quienes ofrecieron disculpas públicas por los ilícitos cometidos.

Ese mismo año salieron a luz los casos Construcción y Corrupción y Caja de Pandora. Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, y Álvaro Arzú, exalcalde y expresidente, fueron acusados, respectivamente.

En 2018, la FECI presentó el Caso Transurbano, por el cual fue capturado el expresidente Álvaro Colom por una serie de anomalías en la implementación del proyecto del sistema prepago, a través del cual se sustrajeron US$35 millones del Estado guatemalteco. Ese año también fue noticia la participación de Sinibaldi en el Caso Odebrecht, por gestionar sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A, a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras.

La Fiscalía denunció la existencia de redes de compra de votos en el Organismo Legislativo en 2019, así como una red criminal conformada por contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción. Ese año también se reveló el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que presuntamente estuvo involucrado el exministro Jorge Villavicencio Álvarez.

En los últimos dos años, la FECI ha investigado una red ilícita creada para cooptar la elección de magistrados y jueces. En el caso Comisiones paralelas 2020 la Fiscalía vinculó a abogados, representantes de universidades, magistrados, diputados y jueces.

8. La peor crisis en salud

Entre el 2017 y el 2021, las crisis sanitarias en Guatemala han estado latentes. Sin embargo, el 13 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19, que marcaría el comienzo de la peor crisis en salud del país. Cuatro meses antes se hizo de conocimiento mundial la aparición de ese nuevo virus, capaz de provocar síntomas fatales. Según datos del Ministerio de Salud Pública, desde la aparición del primer caso a la fecha han fallecido más 6 mil 800 guatemaltecos.

Oficialmente, hasta finales de marzo, se habían detectado más de 193 mil casos en todo el territorio nacional. De ellos, más de 11 mil continúan activos.

A partir de los primeros casos, las autoridades proyectaron el colapso de la red hospitalaria nacional, debido a que su infraestructura, personal e insumos son insuficientes para atender los efectos de una pandemia. El Ministerio de Salud instaló seis hospitales temporales ubicados en Parque de la Industria, San Benito (Petén), Quetzaltenango Zacapa y Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla).

Además, el Congreso de Guatemala aprobó cuatro decretos para autorizar ampliaciones presupuestarias y disposiciones sanitarias a nivel nacional.

9. Funcionarios han desobedecido fallos de la CC

En los últimos 4 años, desde el Organismo Ejecutivo y el Legislativo se han fraguado atentados contra el orden constitucional.

En 2017, fue el entonces presidente Jimmy Morales quien puso en riesgo la institucionalidad de la Corte de Constitucionalidad. A través de declaraciones públicas calificó de ilegales las resoluciones de la máxima corte y cuestionó si debía acatarlas. Su molestia: la CC frenó el intentó de Morales de expulsar al excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, en un lapso de 24 horas.

Más adelante, en 2019, el Congreso conformó una Comisión Específica de Investigación para juzgar las actuaciones de la CICIG. La CC dejó sin efecto dicha agrupación. Sin embargo, los diputados desobedecieron la resolución y continuaron realizando audiencias públicas para escuchar a guatemaltecos a los que supuestamente les fueron violentados sus derechos por parte de CICIG.

También en 2019, diputados de FCN-Nación, TODOS y Unión del Cambio Nacional (UCN), intentaron desobedecer una resolución de la CC al pedir que el pleno del Congreso aprobara las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que buscan otorgar amnistía a los criminales de guerra durante el Conflicto Armado Interno. La Corte detuvo su aprobación con el argumento de que la normativa violaría convenios internacionales sobre derechos humanos.

El año pasado, el Congreso emprendió acciones contra cuatro magistrados de la CC de en ese entonces: Gloria Porras, Neftaly Aldana, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía. Los diputados conformaron una Comisión Permanente para analizar la posibilidad de retirarles el derecho de antejuicio. Ante la situación, la CC ordenó suspender el proceso y entregar el expediente original del antejuicio en un plazo específico. A pesar de eso, los diputados desobedecieron la orden y cuestionaron las resoluciones dictadas por la CC al considerar que son juez y parte.

10. Los amparos de la PDH para enmendar la plana

De todos los amparos presentados por Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), dos han sido respaldados por la CC y aplaudidos por la ciudadanía guatemalteca.

En agosto 2017, un amparo presentado por Rodas detuvo la expulsión inmediata de la CICIG, aquella mañana en la que Jimmy Morales despertó a los ciudadanos con la declaración de “non grato” emitida contra Iván Velásquez, titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CC declaró que, según el artículo 12 del acuerdo de creación de CICIG, las controversias se debían resolver entre las partes; es decir, de mutuo acuerdo entre el gobierno y la Comisión.

El suceso provocó que Morales designara a Rodas el apodo de “Amparito”.

En septiembre de 2017, Rodas enmendó la plana del Congreso. La CC lo amparó y suspendió el trámite de los decretos mediante los cuales se pretendía modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y hacer modificaciones al código penal.

Adicionalmente, en el último año, la CC ha respaldado a Rodas en resoluciones que exigen al gobierno garantizar el derecho a la salud de todos los guatemaltecos durante el tiempo que se prolongue la pandemia. También está a la espera de una respuesta al amparo presentado en contra del presidente Alejandro Giammattei por el retraso en la compra y aplicación de vacunas contra Covid-19.