Hay presión social para que el sistema de justicia reaccione ante la violencia contras la niñez y mujeres en el país. Hoy Gendri Reyes, ministro de Gobernación, está citado al Congreso de la República para responder a diputados sobre medidas de prevención contra los hechos que han conmocionado al país.

Pero los congresistas también tienen cuota de inacción: hay iniciativas de ley que duermen desde 2002, mientras la violencia crece en las calles.

Por ejemplo:

Entre 2002 y 2019 se presentaron tres iniciativas para castigar el acoso. La más antigua es más clara en cuanto a las penas:

  • Quien sea responsables de acoso sexual será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de Q3 mil a Q5 mil.
  • Hostigamiento Sexual: con prisión de 1 a 3 años y multa de Q1 mil a Q3 mil
  • Omisión de los patrones hacia estas conductas: con multa de Q5 mil a Q10 mil quetzales y se les sancionará con multa de Q10 mil a Q15 mil a las personas jurídicas
  • Las penas anteriores se aumentan en una tercera parte cuando se trate de niñas y una cuarta de mujeres.

Además se impulsa las reformas a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres desaparecidas. Karina Paz, diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hace romería en busca de votos:

“Me han firmado 20 diputadas y diputados de 16 diferentes bloques legislativos. Aparentemente no son temas prioritarios para la mayoría de legisladores, no estoy segura por qué no se pone en prioridad.  

Los cambios buscan reducir el margen de 72 hrs a una búsqueda inmediata ante denuncia de desaparición, que exista además coordinación institucional y que exista responsabilidad para el funcionario que no responda.

Foto: Manuel Ávila

Aplicación de leyes existentes

Adriana Ordoñés, representante de ONU Mujeres para Guatemala, señala:

Yo creo que Guatemala tiene muy buena legislación, hay una ley de femicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres que se hizo con el concurso de todas las instituciones públicas. Necesitamos ponerle presupuesto a ese plan y ponerlo en ejecución, entonces lo que necesitamos es voluntad política, no es que tenga que haber una ley para cada caso porque es un tema de violencia contra las mujeres. Esa agenda legislativa de nuevas leyes, por supuesto que hay que apoyarlas para llenar vacíos, pero no es porque no estén aprobadas que no podamos actuar.

Ordoñés refiere que los Centros de Atención Integral a cargo de organizaciones civiles y que son financiados por Gobernación, se han convertido en la primera instancia de atención a mujeres en todos los departamentos, pero:

“De por lo menos Q20 millones de su presupuesto está reducido a Q13 millones”.

En 2019 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) trabajó en un reglamento para sancionar el acoso sexual en las aulas, pues luego de analizar 780 denuncias se determinó que los profesores con 29% eran más acosadores que los estudiantes, pero cuando se aprobó el reglamento sucedió lo inesperado, cuenta Ana Sáenz, exsecretaria de género de la AEU:

Le hicieron muchos cambios y no responde a la necesidad con sanciones específicas: tiene que decir en la normativa que el acoso sexual y la violencia sexual contra una estudiante es motivo de sanción y debe decir cuál debe ser.

Las sanciones solo se aplicarán si lo decide una Directiva. Entre las denuncias se determinó que el 22% eran estudiantes y 44% desconocidos.