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La ley de Aceptación de Cargos, propuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  en junio 2017 está en su fase final  para ser aprobada en el Congreso de la República. Y aunque ya pasó su tercera lectura y se discutirá en las próximas sesiones por artículos, aún hay aspectos aún no claros dentro del documento. En especial dos controversias: que forman parte proyecto inicial a los cuales el diputado Fernando Linares Beltranena se opone abiertamente:

Que es la “la ley de sapos” que llamamos, que no se beneficie el procesado, si no delata a los coautores. Y luego exigencias políticas, no se puede aplicar este beneficio procesal en casos de genocidio o femicidio y creemos que no se debe satanizar a ciertos delitos.

La propuesta original permite al acusado declararse culpable ante un juez por cualquier crimen, no se exceptuaba más que los  delitos de lesa humanidad o reincidencias. Una de las enmiendas que cuenta con  restricción del beneficio son para:

  • Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad.
  • Delitos que en las leyes especiales no permitan la reducción de penas.

En cambio:

  • Solo aplicará para penas principales de personas naturales o individuales.

A los beneficios de reducción de penas los diputados la añadieron “más atractivos” como lo han dicho en las sesiones con jefes de bloque. El documento original establecía reducción de la pena en 30 por ciento y las enmiendas aumentan el porcentaje a 50 por ciento, si el procesado acepta la culpabilidad en la audiencia de primera declaración; 30 si lo hace antes de que se dicte apertura a juicio. Y si acepta los cargos después de la apertura a juicio, se reducirá la pena en 20 por ciento.

El diputado Amilcar Pop cree que la iniciativa ha cambiado mucho de la original  y eso le genera dudas:

Personalmente estoy evaluando si apoyo esta última versión ya que podrían tener un sesgo de apoyo a determinados grupos, especialmente en la lucha anticorrupción y contra la impunidad. Esperamos que los cambios no vayan con dedicatoria para algunas personas, ya que la figura de criterio de oportunidad  tiene las causales para aplicarse y esta crearía nuevas formas que podrían superar lo que ya está legislado en el país, especialmente en delitos de mayor impacto.

Uno de los mayores temores de ciertos congresistas es que el beneficiado colabore como testigo o como “sapo” como lo llama el diputado Linares Beltranena. La propuesta original establece la condición como un compromiso. Linares Beltranena, tiene una postura al respecto:

La ley contra la delincuencia organizada ya tiene la institución de testigo protegido que es quien puede presentar evidencia y que se le rebaje la pena. En este caso no debe ser necesario que él implique a otros.

Nineth Montengro diputada de Encuentro por Guatemala adversa lo dicho por el congresita.

Pierde su sentido entonces, porque  no se llega a la estructura que se persigue y no tendría mayor sentido.

Otras enmiendas podrían presentarse el día de la lectura por artículos y  redacción final lo cual genera incertidumbre según congresistas.