Acisclo Valladares Urruela, el exministro de Economía del gobierno del presidente Jimmy Morales, se entregó a la justicia estadounidense en donde es requerido por el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con documentos oficiales del Tribunal del Distrito Sur de Florida Valladares compareció el 22 de octubre y pagó una fianza de US$500 mil -unos Q3.8 millones – y quedó bajo arresto domiciliar.

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En agosto de este año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, anunció que la fiscalía acusa a Valladares Urruela de lavar US$10 millones de ganancias de tráfico de drogas. También señalan al exfuncionario de pagar sobornos a políticos guatemaltecos.

 

Ayer tras conocerse de su comparecencia ante la justicia, su papá, Acisclo Valladares Monina, exembajador de Reino Unido, recientemente retirado del servicio exterior, escribió en su cuenta de Twitter:

“En donde hay estado de derecho, quien nada debe nada teme”

El abogado penalista, Julio García-Merlos, comparte las palabras del embajador.

“Un sistema sólido como el de EE. UU te da más garantías: negociar con un fiscal de manera diferente, solucionar una persecución penal de una forma beneficiosa para el Estado y sindicado. En Estados Unidos el 95% de los casos se resuelven de esta manera y solo 5% de los casos llegan a juicio. En Guatemala tenemos una muy mala estrategia, siempre se ha pensado que todos los casos deben de llevarse a juicio y es provoca que los juzgados se sofoquen y que los juicios duren 10 años”.

 

Mario Castañeda, exfiscal del Ministerio Público (MP) y abogado defensor en casos de alto impacto presentados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tiene otra óptica y cree que lo que Valladares Urruela busca es beneficios en EE.UU. y burlar la justicia en Guatemala:

“Porque buscaría acogerse a un beneficio de colaboración y, tenemos conocimiento de cómo funciona el sistema norteamericano a la protección de los sujetos procesales, incluso al cambio de nombre y ubicación y con esto buscaría quedarse en Estados Unidos y evitar venir a Guatemala a enfrentar a la justicia”

En algo están de acuerdo los abogados: la colaboración es el camino del exministro, y García-Merlos, añade:

No se va ir a juicio y sino será un acuerdo, aunque habrá audiencias donde habrá una condena como “un procedimiento abreviado” como sucede en Guatemala.

El acuerdo le permitiría: reducir la condena, quedarse con algunos de sus bienes. El Estado por su parte, lograría la reparación del daño, reduciría de costas procesales, y lo más importante obtendría información de su interés.

Los hechos de los que se acusan al exministro se cometieron entre 2014 y 2018. El Departamento de Estado mostró imágenes de mochilas en las cuales se trasladaba el dinero que se uso como soborno a políticos. Estos indicios hacen referencia al caso en Guatemala, Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo; un caso de corrupción que involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti; diputados y empresarios que entregaron sobornos a Congresistas para la aprobación de la ley de Telecomunicaciones conocida como la “ley Tigo”, en ese tiempo Valladares Urruela era directivo de la empresa de telefonía celular.

En febrero de este año ConCriterio, publicó una grabación en la que Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, señala al exministro como la persona que mediante sociedades anónimas dirigió dinero para pagar apartamentos en «Casa Margarita» un complejo residencial de la zona 10, los cuales fueron a parar a manos de familiares y funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina.

«El tema fue que a Juan de Dios se le metió que quería un apartamento allí y él dijo que él lo iba a pagar, el pisado no pagó y no pagó y no pagó (…) y le pagó Acisclo»

La audiencia del exministro está programada en EE.UU. para el 26 de enero de 2021.