El 16 de abril de 2015 marcó en Guatemala un antes y después en la justicia nacional. El Ministerio Público y la Comisión Internacional en Guatemala (CICIG) develaron un caso de trascendencia mayor cuando apuntaron hacia La Línea: un proceso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaría (SAT) liderada por el pareja  presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se vieron  forzados a renunciar al cargo  y  enfrentar a la justicia.

“Otto Pérez Molina ya no es presidente. Está es una historia única en América Latina, los guatemaltecos indignados tumbaron a un presidente”.

La noticia sacudió al país y recorrió el mundo: por primera vez los órganos de justicia tocaron a las élites políticas de Guatemala. Uno de los brazos del MP fue CICIG, el organismo de Naciones Unidas, que a partir de ese proceso debió sortear  acciones legales y políticas encaminadas para sacarla de Guatemala. El presidente Jimmy Morales determinó el final del acuerdo que dio vida a dicha misión.

En 30 días CICIG dejará el país y, ante la inminente partida, los investigadores empiezan a separarse de los procesos penales en curso. Uno de estos, es el caso La Línea que tras cuatro años de litigio no logra llegar a un debate oral y público.

Cesar Calderón, abogado del exmandatario Molina, ahora resta importancia a a la separación de CICIG como querellante adhesivo y expresa que nada cambiará, pese a que él en ejercicio de la defensa, intentó evitar que el organismo fuera parte del proceso.

Que la CICIG salga no significa que las cosas vayan a variar. La CICIG solamente es el querellante adhesivo, no es el titular de la persecución penal, así que no cambia absolutamente nada. El caso sigue en el mismo estado, la propia prueba aportada por la misión sigue dentro del proceso. No cambia nada, lo único que va haber una silla vacía.

Mario Castañeda, abogado y exfiscal  del MP, responde que únicamente variará la percepción con la salida de CICIG, pero al ser el MP el encargado de la persecución penal cree que el caso debe seguir su curso:

Nosotros no vamos a cambiar la estrategia esté o no esté la Comisión, ya que tanto la defensa como la fiscalía marcan su teoría del caso desde el principio y es muy difícil que está varíe a menos que salga una circunstancia.

La estructura delictiva defraudó el sistema de aduanas con más de Q37 millones  y estaba  liderado por el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidente Baldetti; además, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta y exjefes de la SAT.

En total son 30 personas procesadas y 15 se encuentran prófugos, entre ellos Luis Mendizábal dueño de la boutique Emilio, lugar que servía como centro de operaciones de la estructura delictiva. De acuerdo con la acusación, la organización ajustaba de manera  irregular el impuesto que debían pagar los  contenedores y simulaba el ingreso de mercancías.