En 2020 mientras salubristas rastreaban en comunidades y poblados para detectar contagios positivos de Covid-19, un grupo de abogadas indagaban en hospitales e instituciones de justicia de Alta Verapaz. Eran integrantes del Bufete de Derechos Humanos con Enfoque Feminista (BJFEM) quienes a su paso hallaron a 22 niñas víctimas de abuso sexual de parte de sus profesores. ConCriterio reportó el caso en septiembre.

Ocho meses después la historia es más crítica. Los togados le llaman pedagogía del terror: surgieron 47 nuevos casos de alumnas abusadas por docentes, las denuncias ante el Ministerio Público (MP) suman 69.

Hoy el primer caso va a una sala de debates y en julio dos profesores más enfrentarán juicio. Los acusados tienen 53, 48 y 45 años mientras las escolares están entre los 10 y 14 años.

Hay revelaciones que remontan al pasado en esta zona, dice Lilian Vásquez, directora del bufete que asiste a las víctimas. La abogada afirma que incluso hay:

Violaciones colectivas:

Nos ha sorprendido estos casos: de estos se hablaba en el tiempo del conflicto armado, pero por primera vez el bufete está identificándolos. Son de las mismas comunidades donde el maestro les daba clases desde preprimaria hasta sexto primaria. 

Y ¿Cuántos casos colectivos registran?

-Dos: uno de una aldea que no puedo decir el nombre, pero es por el Río Polochic con 6 niñas de 5 y 7 años; otro maestro del área Pocomchí que aparentemente violó a 7 niñas y adolescentes; pero hay sospechas que ha violentado a más de 35 niñas.

 

Los patrones de abusos recaen en la familia, pero los abogados temen un traslado de estas conductas:

Creo que es importante dejar en evidencia la figura que tiene el maestro en las comunidades: es intocable, es la autoridad y es un referente y sería imposible pensar que es él quien está violentando, pero lo hacen.

Durante dos días ConCriterio pidió respuesta al ministerio de Educación (MinEduc) y al MP. Ninguna de las instituciones respondió.

La ausencia del MinEduc también es patente en el proceso. La abogada:

El MinEduc no se ha acercado y no ha pedido su intervención. Nosotros solicitamos que estuviera como tercero civilmente demandado por la omisión de no actuar como se debe.

El bufete ha recibido denuncias de que docentes procesados no son removidos de sus puestos o solo son cambiados de escuela.

 

Algunos maestros permanecen en las aulas

No obstante, Carlos Artola, de la oficina del Procurador de Derechos Humanos en Alta Verapaz, comparte el reporte de los 22 profesores denunciados en septiembre:

  • Dos renunciaron voluntariamente, pero eso no los exime de la persecución penal.
  • Nueve fueron destituidos con un proceso legal
  • Dos con contrato 021 no se les renovó el contrato
  • El resto está en proceso

Este funcionario apunta a debilidades en la ley contra agresores sexuales:

Al inicio de cada ciclo escolar se le solicita la solvencia del Registro de Agresores, pero no aparecen en el registro hasta que hay condena entonces ellos siguen en sus funciones. Pero debería de haber una suspensión temporal por la sospecha de un hecho que riñe con la ley.

En efecto el sistema solo registra a los funcionarios educativos condenados por violencia sexual y no aquellos bajo investigación. No obstante, el diputado Cristian Álvarez, del bloque Creo, denunció la semana pasada que a pesar de que 31 profesores tienen una sentencia firme, fueron hallados en puestos administrativos:

31 Maestros condenados aparecen de alta en el MinEduc, como el Registro de Agresores Sexuales dice que hay que seguirles la pista a estas personas para saber dónde están y cuando fuimos a averiguar, resulta que los han movido de dar clases a puestos en la departamental. No los han cesado a pesar de tener una sentencia firme”.

El Congresista señala presiones del sindicato para no destituir a los docentes condenados por violencia sexual, ConCriterio buscó respuesta del sindicato de educación, pero no respondieron.

 

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