En el Congreso de la República se discute la iniciativa de ley de Arbitrio de Alumbrado Público Municipal, un tema que en Guatemala es:
La razón 1, 2 y 3, catalizador y caldo de cultivo de la conflictividad en el sector eléctrico ha sido la mala aplicación del alumbrado público, aunque no lo crean el descontento de la gente es que pagan Q20 de electricidad por el beneficio de tarifa social, pero pagan Q60 de alumbrado público y no tienen una lampara a 20 km. A la redonda y eso no tiene sentido.
Así lo percibe, Carlos Colom, expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) quien considera que regular este cobro que ha generado malestar en las comunidades es:
“el principio para hacer justicia”.
La iniciativa propone una fórmula para cobrar el gasto de alumbrado público, pero algunos analistas consideran que habrá doble tributación porque se incluyen otros aspectos a la factura. Colom, sin embargo, considera que hacer el cálculo porcentual para cobrar conforme al consumo de cada familia o empresa, es el primer paso para regular lo que no se ha querido ordenar.
“Luego vienen otra serie de medidas: la eficiencia energética, separar los consumos de bombeo de agua y e iluminación a estadios y mercados”.
La falta de regulación ha derivado en Guatemala en alta conflictividad, muerte y comisión de delitos. Un problema que se arrastra desde por lo menos unos 15 años.
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Justamente ayer ocurrió un caso: Chisec, Alta Verapaz, se quedó a oscuras, ya que, por falta de pago, Energuate, la distribuidora de energía suspendió el servicio de alumbrado público y también la municipalidad.
Miguel Colop, Director General de Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos comenta:
Lo que hace cada año Energuate es que presenta a las municipalidades las minutas de los contratos y por eso es que, en muchas ocasiones, la corporaciones municipalidades han acumulado grandes deudas; hace un año hubo una denuncia de municipalidad de Santa Lucía la Reforma en Totonicapán contra la empresa distribuidora porque ellos establecían las cláusulas contractuales y la municipalidad ya solo firma.
Señala Colop
Las investigaciones los han determinado: los abusos en esos cobros han sido fuente de corrupción. Facturas altas, electricidad ilegal, dice Mario Braham, fiscal a cargo de la Fiscalía Contra el Hurto de Energía Eléctrica:
El problema es el alumbrado público que la tarifa es muy alta y terminan pagando más de alumbrado que de consumo y eso se ha establecido en las investigaciones que hemos hecho.
Casos no avanzan
Esa fiscalía fue creada en 2014 y a la fecha documenta más casos desestimados que sentenciados. En total ha recibido: 3 mil 546 casos, por hurto de energía, atentado contra los servicios de utilidad pública y robo de trasformadores.
Casos judicializados: 651
Desestimados: 2 mil 166 -por falta de interés de las partes-
Sentencias condenatorias: 74 casos
El hurto de energía es un delito que:
- Se tramita como un juicio por faltas y están a cargo de los juzgados de paz.
- No contempla cárcel
- Las sanciones son: multas entre Q1 mil a Q15 mil
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Antecedentes
El 26 de marzo se cumplirán ocho años de la muerte de 6 pobladores de la Cumbre de Alaska, Totonicapán. Ese día manifestaban en aquel lugar entre otros temas contra los cobros de la energía eléctrica.
Cinco años después del suceso, el comité indígena de “Los 48 cantones de Totonicapán” logró un acuerdo entre vecinos, municipalidad y Energuate: que de Q43 por cobro de alumbrado público lo redujeran a Q21. Y quien elaboró las actas fue Juan Noé Sajcabajá, entonces secretario del comité, ¿cómo lo lograron?:
la empresa tuvo que quitar eso, porque no está en ley e incluso no deberíamos pagar Q21, pero esa fue nuestra tarifa o sencillamente desconectábamos nuestros contadores y lo poníamos directo -y eso que nos somos los señores de Codeca- pero esa fue la amenaza y por ahí nos hicieron caso.
Salida
Carlos Colom, cree que lo conveniente es que se regule por porcentaje como ocurre en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. Para esta nota se buscó la postura de la Comisión de Energía, pero no hubo respuesta. Colom, en tanto, dice que la entidad no tiene poder regulatorio:
Lastimosamente es un tema político: el Código Municipal establece que es una competencia de las municipalidades. Cuando yo fui presidente de la Comisión mandé más de 200 cartas a los alcaldes y les hice un cálculo individual para cambiar de monto fijo a monto porcentual y solo una respuesta tuve.
La iniciativa de ley pasó el martes su tercer debate: está sujeta a enmiendas y posteriormente deberá ser aprobada en redacción final y por artículos.