En marzo de este año Evelyn Vega denunció a su antigua jefa Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima. Las revelaciones de la exasistente alcanzaron a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y diputados del Congreso de la República.

Semanas después hubo dos intentos de silenciarla: el primero fue el 9 de julio cuando en un pasarela de la Calzada Roosevelt alguien colgó una manta con su fotografía para hacer eco de una campaña en redes sociales de descrédito hacia la declarante. El 18 de julio la intimidación subió de tono cuando un amigo suyo y trabajador de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia la llamó:

La llamada que recibí ese domingo fue alarmante: me dijeron que si no me callaba que iba a aparecer en bolsas plásticas en pedacitos. Que si ya había hablado en el Ministerio Público, que me callara. El mensaje era que ya no quieren que siga aportando información a los medios de comunicación.

La muchacha dice que su amigo fue solo el emisario:

Me dice que por favor le prometa que me voy a quedar callada que y no voy a seguir con esto, que piense que tengo una hija. Cortó la llamada y le pido que me pase el número de donde lo llamaron y él me bloquea. Lo que creo que es que no fue una llamada telefónica, sino que se lo dijeron de frente.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, una organización con atención a mujeres víctimas, estos amedrentamientos procuran el desistimiento en denuncias. Además el sistema no  garantiza la seguridad y resguardo de las víctimas. Las declaraciones de Vega involucran a altos mandos del Ministerio Público y el Instituto de la Víctima, justamente las instituciones que deben protegerla:

Aquí es más complicado, debería haber imparcialidad dado los hechos. Y en este caso la Fiscalía que conoce debería actuar de manera independiente, pero no se da así y es ahí donde las víctimas deciden ya no continuar porque creen que no van a tener respaldo.

El día que la víctima debía ratificar la denuncia un hecho llamó su atención: primero, en la fiscalía de Mixco le dijeron que la diligencia debió ser un día antes y luego corrigieron solo para decirle que no había quien tomara su denuncia y que le llamarían y en efecto esa tarde la llamaron.

Gustavo Ovalle, delegado de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos que acompaña a Vega, confirmó los hechos, pero no cree que es mala fe:

No podría confirmar -retardo malicioso- en virtud de que la misma fiscal se comunicó conmigo disculpándose por no estar ese día.

Según el funcionario de PDH, la exasistente ya está bajo protección:

Yo le pregunté a la auxiliar fiscal si ella cuenta con medidas y me confirmó que sí.

Vega, denunció que Carrillo, pagó con fondos del Instituto de la Víctima una campaña en favor de Nester Vásquez, magistrado electo de la CC y señalado en el caso Comisiones Paralelas. En la imagen se ve a Carrillo y Vásquez en una de las giras para de promoción en Alta Verapaz.

Vega sospecha que su amenaza viene de Alejandra Carrillo. La antigua asistente colaboró con investigaciones en el caso Comisiones Paralelas 2020, investigación que apunta a manipulación en la elección del poder judicial. Además, denunció irregularidades en la contratación de al menos 109 plazas en el Instituto de la Víctima, puestos apartados para diputados. La joven nota que los casos se estancaron con los cambios en las fiscalías:

Con lo de Comisiones Paralelas estaba avanzando el tema, habían dicho que por mi denuncia habían presentado los 10 antejuicios -de los magistrados- después viene la destitución de Juan Francisco. Yo puedo decir que Alejandra tuvo que ver con los cambios de los fiscales que llevan los dos expedientes: ya están engavetados. Ese era el fin de ella, sacar al fiscal Pantaleón del caso.

La semana pasada la Corte Suprema resolvió mantener la inmunidad a 10 magistrados y un juez para que las FECI no los investigue por su rol en la elección de jueces.