No alcanzan las manos de 100 auditores para contar  los malas prácticas que halló la Contraloría General de Cuentas en las dependencias estatales para ejecutar el presupuesto 2016.

La revisión del gasto público se traduce en 36 demandas penales bajo sospecha de una malversación o sustracción de fondos estatales. Foto: Henry Bin.

En plena cruzada contra la corrupción los contralores oficiales señalaron las más viejas prácticas de corrupción en las 511 auditorías practicadas en depednencias estatales.

Este informe, presentado el último martes por Carlos Mencos, Contralor General, contó, por primera vez, la auditoría practicada al Congreso de la República. El anuncio hecho la semana pasada, sobre demandas contra la Junta Directiva de 2016 de ese organismo, liderada por el diputado Mario Taracena, se concretan a partir de la entrega del reporte.

En total serán 36 denuncias. Sumadas, una a una, las anomalías suman Q2.7 millardos. Aunque, de momento, se mantienen solo a nivel de sospecha de los contralores. Será trabajo del Ministerio Público (MP) determinar si hubo malversación o sustracción de fondos públicos.

Escuche la nota de Henry Bin.