VAMOS llegó al Congreso con 39 diputados, pero ahora cuenta entre 22 y 25 legisladores leales a Allan Rodríguez. Mientras que otros abanadonan el bloque. La salida de figuras como Boris España y Mynor de la Rosa evidencia la fragmentación interna y la búsqueda de nuevas alianzas de cara a 2027.
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La ley antipandillas introduce castigos desproporcionados, elimina medidas sustitutivas y restringe derechos humanos de los reclusos, mientras deja al MP y la Corte Suprema con nuevas armas legales.
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CABAL repite la fórmula que llevó a la UCN al poder y a su caída: figuras con bases locales, recursos y señalamientos por vínculos criminales.
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Una década después de que Manuel Baldizón fue rechazado en la contienda por el grito de “no te toca”, el eco volvió a escucharse. Carlos Pineda, quien intenta posicionarse como candidato presidencial, fue rechazado entre abucheos mientras repartía pizzas. Analistas apuntan a una ciudadanía más consciente y un electorado joven que no perdona la la vieja política.
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En ocho años al frente del Ministerio Público, Consuelo Porras desmanteló la carrera fiscal: las destituciones se triplicaron y los fiscales con más de una década de experiencia fueron removidos sin explicación. Las decisiones, amparadas en un pacto colectivo, favorecen la impunidad de funcionarios y aliados políticos
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Evelyn Vega, exfuncionaria del Instituto de la Víctima, denunció irregularidades cometidas por Alejandra Carrillo, Silvia Valdes y Vitalina Orellana en 2021. Cuatro años después, fue enviada a prisión y obligada a disculparse públicamente, mientras las exmagistradas y la exdirectora mantienen influencia en el sistema judicial. Su caso, rodeado de represalias y silencio, refleja la impunidad que domina el aparato de justicia en Guatemala.
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En menos de una semana fueron abandonados 13 cuerpos y dos cabezas humanas en distintos puntos del país. Las autoridades investigan si se trata de una guerra entre pandillas o de una operación de limpieza social. Expertos advierten que el macabro hallazgo es un mensaje de poder criminal hacia el nuevo ministro de Gobernación y al Gobierno de Bernardo Arévalo.
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A dos años de las protestas que frenaron el intento de desconocer los resultados electorales, el desánimo con el gobierno es evidente. Sin embargo, en comunidades indígenas y entre ciudadanos comunes persiste la convicción de que la democracia debe defenderse.
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La lista de exiliados del Gobierno de Bernardo Arévalo crece. Desde el exministro de Gobernación Francisco Jiménez y los exministros de Comunicaciones y Salud Pública que han abandonado Guatemala por persecución política por parte del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras. Analistas advierten que la ofensiva judicial busca debilitar al mandatario y obstaculizar la elección del próximo Fiscal General.
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La empresa familiar del gobernador de Petén, Mauricio Acevedo Sandoval, es la principal proveedora del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Este año el 94.5% de los contratos fueron para la compañía familiar. Otros familiares del funcionario han conseguido empleos y contratos en instituciones del Estado, lo que plantea conflictos de interés.
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El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados presentó una petición al Congreso para que no se pague a los diputados que han incumplido con sus labores. Según el documento, durante el primer periodo de sesiones solo se realizaron 7 de 37 plenarias, lo que generó una pérdida de Q51 millones al Estado. Los abogados también señalan a los legisladores con más inasistencias y piden sanciones ejemplares.
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Sancionados por Estados Unidos por corrupción, Allan Rodríguez y Felipe Alejos llegan al Congreso gracias a los votos de los departamentos más pobres del país, donde el uso de programas sociales y promesas vacías continúa siendo la herramienta más efectiva del poder político.
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El colapso del Sistema Penitenciario guatemalteco exige una intervención estructural. Expertos proponen trasladar el control fuera de Gobernación, profesionalizar a los guardias y crear un sistema de supervisión tecnológica. La meta: recuperar el control institucional y frenar la corrupción interna.
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El Congreso aprobó en tercera lectura una ley “antipandillas”, una norma que abre la puerta a que reos sean trasladados a prisiones extranjeras. Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo anunció el apoyo del FBI y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
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Devotos acusan al párroco de la Igesias de Candelaria y a miembros de su círculo cercano de irregularidades en el manejo de fondos de la hermandad, provenientes de ofrendas y actividades de Semana Santa.
El Arzobispo Gonzalo de Villa ordenó la intervención y una auditoría interna para esclarecer el destino del dinero, mientras los cargos fueron puestos a disposición. El caso revive antiguos señalamientos sobre la opacidad en las finanzas de las hermandades religiosas del país.
Tras la fuga de 20 miembros de la mara 18, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, enfrenta fuertes presiones para dimitir. Mientras el Ejecutivo lanza una campaña que promete remover a “todo aquel que falle”. Empresarios, diputados y analistas califican de insostenible su gestión.
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El expresidente Alfonso Portillo reaparece en la escena política con miras a 2027, tras décadas de alianzas y rupturas en diez partidos, busca espacios para 2027. La primera magistratura con Nery Ramos, presidente del Congreso, es uno de los objetivos.
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En Guatemala, el cáncer de mama afecta a una de cada 10 mujeres, según el INCAN. El acceso a diagnósticos ha aumentado y con ello también el surgimiento de redes de apoyo como “La vida es bella”, formada por pacientes que comparten medicamentos y acompañamiento. Entre 2023 y 2025, 30 integrantes fallecieron, pero 10 han superado la enfermedad y se mantienen en remisión.
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El deslave en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, propiedad del político y empresario César Érick Rolando Winter Chen, puede generar consecuencias legales mayores. Un experto en derecho público explicó que el Estado puede reclamar indemnización por los daños públicos y, si se demuestra una acción ilícita, aplicar incluso la figura de expropiación.
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La salida de Consuelo Porras del Ministerio Público está prevista para el primer semestre de 2026, pero su retiro del poder no es seguro. Acompañada de su secretario general Ángel Pineda apuntan a las elecciones de segundo grado.
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