La propuesta de Presupuesto de la Nación 2021 entra en la fase final de revisión en el Congreso. La iniciativa está en la Comisión Legislativa de Finanzas y el pleno de diputados tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, improbar o modificar la solicitud del Ejecutivo de Q99.7 millardos para el ejercicio fiscal 2021.  En las partidas Q4.5 millardos están destinados para reactivación económica y, de estos, Q2.8 millardos asignados al ministerio de Comunicaciones, cuya partida asciende a los Q10,2 millardos.

En la última década, la cartera está bajo la sombra de la corrupción. Ayer saltó la duda cuando se reveló que Q135 millones fueron trasferidos de la Dirección General de Caminos y su director denunció que su firma fue falsificada y que ignora qué sucedió.

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, habló la semana pasada en los tribunales y hoy sus palabras hacen más eco:

Los que han corrompido el sistema son las empresas constructoras: si se investigara a los ministros para atrás van a encontrar corrupción y se investiga para adelante también. Hoy hay otro ministro con orden de captura. ¿Qué empresas van a salir ahí? Seguramente las que me llamaron extorsionistas a mí, ellos son los que han corrompido el sistema: sobornan a ministros, viceministros, juntas de la licitación; tienen cooptado el Ministerio de Comunicaciones; han dado apartamentos como sobornos en el edificio La Condesa, les han dado casas a Presidentes estas empresas.

Francisco Basterrechea, exviceminsitro de Comunicaciones durante la administración de Álvaro Arzú, atribuye la responsabilidad a jefe de Estado:

La corrupción existe porque lo permiten las autoridades. Depende del jefe y de los principios que tenga la gente, pero sobre todo desde el Presidente. Si él nombra a alguien que se supone que va a trabajar, no debería pasar eso. Sinibaldi les echa la culpa a los contratistas cuando quien los chantajeó fue él con “o me pagas o no te pago”.

El exfuncionario cree que la figura de una Superintendencia de Infraestructura no resolverá los problemas de transparencia. Y Walter Felix, diputado del bloque URNG, comenta:

El Estado guatemalteco no está en capacidad de poder combatir la corrupción e impunidad. Prácticamente desarmaron lo que había para el combate a la corrupción. Claro, dejan recursos asignados a los Consejos de Desarrollo (COCODES) por todos lados dejan bolsones, porque sabemos que a través de eso corrompen a funcionarios, alcaldes, diputados, ministros y otros funcionarios de menor rango.

 

 

 

Los Q2.8 millones asignados para inversión tienen como destino: la construcción de un anillo regional, la carretera transversal del sur, la ruta exprés metropolitana, el puente Belice 2 y la ampliación del muelle El Arenal en Santo Tomás de Castilla.

 

Pero los diputados tienen dudas sobre estos fondos, comenta Felix:

Todavía no tienen los estudios técnicos ni saben explicar quién lo va a hacer.

El lunes en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Josué Lemus, ministro de Comunicaciones dijo desconocer sobre la transferencia de los Q135 millones, pero ayer ofreció en conferencia de prensa explicó que se trata de espacios presupuestarios: Q19.7 millones destinados para edificios de Protección y Seguridad Vial, fueron trasladados a Caminos para 4 proyectos para reposición de carreteras; y Q115 millones asignados a rutas principales pasaron a secundarias.

En la conferencia no estuvo el director de Caminos, pero el ministro no supo responder por qué el funcionario denunció que su firma fue falsificada.

Es difícil que en un expediente tan completo se puede falsificar la firma, él decía que en su ausencia se había firmado, pero tiene fecha de 23 de septiembre, él ya estaba en funciones -creo que él se refería a otro expediente-, acá no se ha perdido nada. Él continúa en funciones solo veremos que todo se esclarezca.

El Ministerio Público (MP) abrió investigación del caso, Acción Ciudadana presentó también una denuncia y la UNE solicitó la interpelación al Ministro de Comunicaciones con la intención de obtener el voto de falta de confianza para destituirlo del cargo.