El gobierno de Jimmy Morales  puso fin a 10 años de investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la organización que llegó al país para develar los actos de corrupción más graves en la administración pública, pero además alcanzó las elites empresariales que debieron enfrentar la justicia.

Morales se jugó todo y pese a que las plazas estaban llenas de personas en protestas contra la corrupción y en apoyo al organismo internacional, él dijo no más CICIG. Fue el alivio para muchos.

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Hoy los funcionarios de la administración de Morales parecen blindados. En los juzgados, a pesar de que acusaciones de corrupción sobre una lista de sus allegados, los jueces desechan los cargos y genera suspicacias en los investigadores.

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, enumera la lista de los más allegados al expresidente que se le han escapado de proceso. Entre ellos Patricia Marroquín, esposa de Morales, quien según el Ministerio Púbico (MP) cobró por servicios informáticos que nunca prestó en el Ministerio de Salud en 2014.  Campos afirma que, a pesar de que el caso fue cerrado, la exprimera dama nunca acreditó conocimientos técnicos como informática

En lo que va del año, la Fiscalía Contra la Corrupción accionó contra Patricia Marroquín, pero el juez cuarto de primera instancia penal, Pedro Laynez, le favoreció con falta de mérito. Pero no solo se ha accionado en contra de ella, en febrero solicitó la aprehensión de Carlos Soto, exministro de Salud, por tráfico de influencias, también se solicitó capturar a exministro de Cultura, Elder Suchité, quien se encuentra prófugo, además dentro del caso del Libramiento de Chimaltengo se solicitó la aprehensión de José Luis Benito, la cual no fue aceptada de parte del juez.

Así uno a uno, los funcionarios de la administración Morales, se libran y eso solo genera dudas en los fiscales, dice Campos:

Obviamente existe una percepción generalizada en la opinión pública,  a que pueden existir tendencias para beneficiar a determinadas personas o sectores.

 

El presidente Jimmy Morales inaugura el comedor seguro a un costado de ferrocarriles FEGUA, ubicado en la zona 1 y comparte la mesa con los asistente.
Fotograf’a: Erick Avila. 01/10/2018

Yolanda Pérez, exmagistrada y jueza, señala fragilidad en el sistema de justicia y no le sorprende que algunos jueces procuren beneficios para exfuncionarios:

Hay una penetración del crimen organizado en todos los estamentos de la sociedad y especialmente en las instituciones de justicia. Creo que esa protección -entre comillas- es posible combatirla mediante “excelente” investigación, bien sustentada y será mucho más difícil dictar faltas de mérito y aunque haya jueces que no procesen, pueden irse a otras instancias y debe ser aprovechado.

Pérez arguye que se trata de algunos togados favorecen hoy, para ser reelectos mañana:

La gente por quedar bien con el funcionario, resuelve a favor de personas poco deseables, para que les den favores para el nombramiento.

El viernes, el juez Mynor Moto decidió no procesar a 16 personas acusadas en el caso del Libramiento de Chimaltenango. Entre ellos un exviceministro de Comunicaciones y tres exdirectores de Caminos. No obstante, sí envió a proceso a 12 supuestos pobladores, quienes, en apariencia, simularon vender tenernos para el derecho de paso del proyecto. También se procesó ejecutivos de la Constructora Conasa y Ronova Ingenieros S.A. las dos empresas a cargo del proyecto. El fiscal campo:

El MP presentó indicios suficientes para comprobar la vinculación de estas personas. Se aportó informe de auditoría de Contraloría General de Cuentas, informes del Ministerio de Comunicaciones y no compartimos la resolución y presentaremos el recurso de apelación.

La exjueza Pérez señala que la publicidad de los casos puede contribuir a la fiscalización ciudadana, pero señala que la efectividad dependerá cómo se presente la información, la cual no debe ser equívoca y se tiene que tener cuidado que no se están buscando otros fines, además de hacerlo con límites.