En octubre de 2017 el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destaparon la Caja de Pandora, un caso que apunta hacia el alcalde de la capital, Álvaro Arzú, sospechoso de incurrir en los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito cuando supuestamente dirigió fondos públicos para pagar insumos para su campaña electoral de 2015. Estos fueron proporcionados por la cooperativa Torre Fuerte, administrada desde la prisión por el capitán Byron Lima Oliva, uno de los reos más poderos del país, asesinado en la cárcel el 18 de julio de 2016.

Uno de los indicios que los fiscales presentaron fueron los testimonios de la exconviviente de Lima Oliva, Alejandra Reyes, pero ¿podrá la Caja de Pandora revelar más detalles del caso o será cerrada con candados?

Esa es la pegunta en el ambiente después de que la jueza pesquisidora Judith Secaida recomendó que no era viable investigar al alcalde, es decir, ella no ve indicios para sospechar que Álvaro Arzú hace mal uso de los fondos municipales.

Secaida, a cargo del Juzgado Quinto de Instancia Penal, ha sido cuestionada y al mismo tiempo aplaudida por diferentes resoluciones. Hay reproches porque entre otras por levantar el arraigo en mayo de 2015 al exminstro de Energia y Minas, Érick Archila, ahora prófugo de la justicia. Sobre ese tema se refirió la fiscal general, Thelma Aldana.

“En autos consta que él solicitó autorización a la jueza para salir del país por razones de salud. La autorización la dio la jueza aparentemente por problemas de salud”

Edwin Rodas, exviceministro de Energia y Minas, también fue beneficiado por la Jueza Secaida con arresto domiciliar en el caso Redes y Política, este fue el argumento de la juzgadora: “por el principio de que la libertad es la regla y la excepción es la prisión y al no haber peligro de fuga y ni de obstaculización a la averiguación a la verdad, declaro con lugar a la revisión de la medida de coerción, por el delito de tráfico de influencias”

Así como otorgó libertad, Secaida se mostró severa cuando no permitió que el exviceministro fuera juzgado mediante el procedimiento abreviado como lo solicitó el MP, la jueza estimó conveniente seguir bajo el procedimiento común para conocer mejor los hechos.

En cambio recibió confirmaciones cuando en 2015, también en el caso Redes y Política, la juzgadora negó el arresto domiciliar a Gustavo Martínez, exsecretario Privado de Otto Pérez.

“Considero que hay un delito grave que es el de asociación ilícita, en el que se tienen escuchas, por lo que considero que el momento procesal para probar si cometieron el delito es en la fase intermedia”

El abogado de Álvaro Arzú es Francisco Gallardo, el mismo que defendió al padre Mario Orantes, condenado como cómplice de la ejecución extrajudicial de monseñor Juan Gerardi, un caso por el cual también Alejandra Reyes mencionó al alcalde.

El abogado dijo que las declaraciones están a cargo de Comunicación Social de la Municipalidad de Guatemala, pero no hubo respuesta departe de esta dependencia. Gallardo mencionó que en el memorial de las pruebas de descargo presentadas ante la pesquisidora, expuso vicios en la solicitud de antejucio, entre las que mencionó: interceptaciones de llamadas telefónicas, declaraciones en anticipo de prueba conforme a la ley de delincuencia organizada, cuando asegura no se le señala con ningún delito relacionado al jefe edil.

La Fiscalía no ha sido notificada sobre la conclusión de la pesquisidora, en tanto el futuro legal del alcalde por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito está en manos de la Sala Tercera de Apelaciones integrada por: Jaime Amilcar González, Sonia Santizo Corleto y Beyla Estrada esposa del secretario de comunicación social del presidente Jimmy Morales. Entre algunas resoluciones, la sala dictó arresto domiciliar al hijo y hermano del Presidente, en el mismo sentido también benefició a la magistrada Blancas Stalling, y cerró el proceso penal en favor de la Ministra de Relaciones exteriores, Sadra Jovel.