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Los ojos de la justicia están puestos en el Congreso de la República y la revelación del último caso de corrupción generó zozobra en el Organismo Legislativo. La mitad de diputados se ausentó ayer de la sesión plenaria planificada y por falta de quórum, esta se suspendió; algunos congresistas murmuran y se preguntan ¿quién fue el diputado delator cuyo testimonio forma parte del proceso?

Otros quieren evitar los micrófonos, pero ¿cómo se aprobó la llamada ley TIGO? por la cual, según las investigaciones corrieron Q58.7 millones en sobornos para diputados.

El ponente de la iniciativa de ley

Valentín Gramajo exdiputado del Partido Patriota.

Valentín Gramajo, el diputado que según los investigadores fue elegido por la vicepresidenta Roxana Baldetti, para presentar la controversial iniciativa de ley, fue sorprendido ayer por los micrófonos de ConCriterio cuando caminaba en avenidas circundantes al Congreso de la República. El excongresista dijo que está sorprendido y asustado, por estar vinculado en este nuevo caso de corrupción:

Claro que es grave, pero no es cierto, sobre ese tema de verdad me sorprendieron porque nunca estuve como jefe de línea o brocha como le dicen, si no yo era diputado y ya había dejado de ser jefe de bloque.

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) el día de la aprobación de la ley el 8 de abril de 2014 Gramajo se reunió con el exdiputado Aleksander Castillo para conocer el contenido del documento y más tarde a las 14hrs, le fue entregada la iniciativa final con los cambios que, supuestamente, sugirió el ahora ministro de Economía, Acisciclo Valladares, quien incluyó el bloqueo de señal telefónica  en los penales, un punto que logró distraer a algunos legisladores. Al cuestionar a Gramajo, respondió:

Yo no estuve en esa negociación, ahí dice pero no sé de dónde sacaron eso. Yo la conocí en el pleno –la iniciativa de ley-. Era una iniciativa para que pasara a comisión y no pasó y de una vez la votaron. Cuando hay una iniciativa que propone un partido hay que apoyarla pero para que pase a comisión, pero esta de una vez pasó. No tuvo dictamen de la Comisión, ¿y no le pareció raro eso? Sí es extraño que no haya pasado a Comisión.

Gramajo, quien busca reelegirse con el partido PODEMOS,  confirma que a última hora recibió el documento y que no tuvo conocimiento de su contenido. Según los investigadores el proyecto se terminó de redactar en la vicepresidencia, previo a la sesión plenaria:

“Yo estaba subiendo la escalera para ir con el Presidente cuando alguien de los diputados –que no recuerdo quien era- pedía que se exonerara de dictamen y votaron. ¿Y usted analizó la ley? No, no, solo se pasó ¿no la leyó? Medio, porque me la dieron a  la carrera y me pareció que eran tres temas que no tenían nada malo.

Bancadas apoyaron ley 

La ley fue aprobada de urgencia nacional, para lo cual fue necesario más de 105 votos, 96 de los cuales fueron aportados por cuatro bancadas:

Los desaparecidos Patriota y LIDER; además, CREO y TODOS. Entre quienes no figuran en las investigaciones pero que ese día dieron su voto a favor se encuentran:

  • Delia Bac

  • Óscar Chinchilla

  • Carlos Fión

  • Oliverio Rodas

  • Paul Briere

Briere, comentó que su voto fue a favor para evitar que continuaran las extorsiones desde la prisión, lo cual era uno de los puntos que buscaba la ley:

Estas antenas que iban a ser instaladas iba permitir que no hubiera señal dentro del Sistema Penitenciario, la ley tenía cosas positiva, pero la Corte de Constitucionalidad por el tema de la propiedad privada y la autonomía municipal la dejó sin materia.

La ley de telecomunicaciones, conocida como la ley TIGO fue suspendida en mayo 2014, tan solo un mes después de su aprobación. Algunos puntos controversiales en la misma eran:

  • Violaba la autonomía municipal

  • Supeditaba un beneficio a empresas de telecomunicaciones que tuvieran más de 6 mil kilómetros de fibra óptica instalada en el país, las cuales podían colocar torres de transmisión de datos en terrenos públicos o privados.

  • Disponía de hasta 8 años de prisión contra aquellas personas que interrumpan de cualquier forma la instalación o reparación de una torre de transmisión de datos.

Víctimas de una ley muerta

En el cantón Chitay de la zona 11  de Quetzaltenango al día de hoy una antena de la empresa SBA Torres de Guatemala sigue en pie. La misma fue instalada en un terreno privado, en medio de un conflicto entre una compañía y los comunitarios.

Dos mujeres fueron condenadas, tras aceptar su culpabilidad de no permitir la instalación de aquella torre. Fabiana Menchú, de 63 años, y Carolina Cabrera Estrada, de 55 años, optaron por un procedimiento abreviado por el desgaste que podía llevar un juicio ordinario, señala Saknicté Racancoj, de la Asociación de Agobados Mayas:

El juez lo que les indicó fue que dieran un aporte a un centro de personas de tercera edad de Q200 y que con eso ellas cumplían con su condena. 

La antena ahí está, funciona y lo que representa es una derrota de la protección de los derechos colectivos.

La Fiscalía formalizó ayer la denuncia contra Estuardo Galdámez, presidenciable de FCN-Nación; Acisclo Valladares, Ministro de Economía y 7 diputados a quienes señala de estar involucrados en el caso.