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Los criterios del registrador de candidatos del Tribunal Supremo Electoral sorprenden en algunos casos, en especial cuando da luz verde a la participación de candidatos cuestionados.

Arnoldo Vargas, exalcalde de Zacapa, es uno de ellos. El exjefe edil fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por el delito de narcotráfico y ahora busca  la silla edil de ese departamento por el comité cívico Al Rescate de Zacapa, organización política que presentó su candidatura ante el Registro de Ciudadanos.

José Armando Ubico es otro candidato cuestionado que cuenta ya con inscripción en busca de su reelección como diputado. Ubico cumplió una sentencia 40 meses de prisión en la unión americana por conspiración para el tráfico de drogas; el congresista busca su reelección por el partido TODOS al cual pertenece.

De presidente a la cárcel

Alfonso Portillo quiere ser diputado, postulado por el partido Bien. En 2015, el Registro de Ciudadanos y el TSE rechazaron su inscripción debido a que fue sentenciado a 70 meses de prisión por haber aceptado US$2.5 millones en sobornos del gobierno de Taiwan durante su administración. Actualmente su expediente está en trámite.

Mario Guerra Roldán, expresidente del TSE y exdirector del Registro de Ciudadanos comenta.

El tema tiene dos aspectos: Uno, de acuerdo con la constitución tiene que ser gente honrada y honorable, sin antecedentes.

Lo otro es que las personas a veces se rehabilitan y vuelven a ser honradas. Si el director del Registro aplica estrictamente lo establecido en la Constitución de que sean personas honorables y correctas, los va a rechazar.

El rechazo de la candidatura de Portillo en 2015 se basó en el artículo 113 constitucional que dice que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

El expresidente del TSE es del criterio que las personas condenadas o sujetos a proceso penal no deben ser inscritas, por carecer según él de  reconocida honorabilidad:

Yo si estuviera en la dirección del Registro de Ciudadanos, negaría la inscripción. Ya tienen un antecedente criminal, no están con capacidad moral para desempeñar un cargo público.

Una magistrada del TSE, quien declinó de ser identificada en esta nota,  dijo que “cumplida la condena, se resarce el daño” y que “no se le puede condenar dos veces una persona”.

Gustavo Medrano, uno de los diputados con más ausencias a su labor legislativa, fue inscrito para la alcaldía de Chinautla por el partido Unionista; la municipio que gobernó su papá, Arnoldo Medrano por más de 20 años; Chinautla es la comuna en la que se ha enriquecido él y su familia de acuerdo investigaciones del  Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Medrano fue despojado de su inmunidad en febrero de 2018, desde entonces mantiene detenido el proceso legal en su contra mediante un amparo por el caso un negocio de familia. Las investigaciones señalan que el diputado y su familia se beneficiaron con Q25 millones en contratos otorgados a empresas con vínculos familiares para realizar obras de alumbrado, pavimentación y construcción.

Othmar Sánchez, otro diputado en cuestión busca su reelección en el Parlamento Centroamericano con el partido oficial FCN-Nación. Sánchez, el amigo del presidente Jimmy Morales, está involucrado en el caso de fraude Botín Registro de la Propiedad. El parlamentario perdió su inmunidad en noviembre 2017 y mediante amparos tiene detenido su proceso penal.

Recientemente el MP inició una investigación relaciona con cheques que la Corporación Fulanos  y Menganos, administrada por Sánchez, emitió durante la anterior campaña electoral a favor de Jimmy Morales y su esposa Patricia Marroquín.