Hace un año una explosión en el edificio Santa María de las Charcas, afectó al menos a 80 familias en esa torre de apartamentos de la zona 11. Hubo dos núcleos familiares los afectados más críticos de la negligencia de ProUrbano, el grupo constructor.

En 12 meses, los vecinos aún ignoran por qué explotó un ducto del gas. Solo saben que la desarrolladora tercerizó los servicios a CABUS, empresa que operaba sin licencia.

Rodrigo Corzo, ingeniero civil especializado en control de incendios, paradójicamente, fue uno de los afectados: su apartamento está un piso abajo del centro de la explosión. Estaba de viaje, en su casa descansaban en la cama  su esposa, su bebé recién nacido y su hija de 3 años.

Los techos se cayeron, empieza a caer agua del apartamento de arriba, al momento de la explosión, los vidrios salieron como disparados y se incrustan en muebles y todo a su paso. Si mi familia hubiera estado en la sala o mueren o los encuentro desfigurados.

Sus hijos sufrieron daños en los oídos y su esposa no pudo amamantar más al bebé a raíz del shock. Corzo fue vecino de Santa María de las Charcas desde 2015 y su preparación despertó dudas sobre la infraestructura. Tres años antes de la explosión encendió las alarmas.

Miro que no hay un control de los extintores y pedí un plan de mantenimiento; solicité por escrito todo el tema de manejo y prevención de gas, nunca los tuve, pasé años pidiéndolos. Mi duda siempre fue cómo le daban ellos mantenimiento a la distribución estando desde la terraza el gas hasta los apartamentos: ¿cómo identificaban que estuviera bien en el trayecto?

En 2016 Corzo fue reconocido por la alcaldía auxiliar de la zona 11 como vecino destacado por su servicio a la comunidad.

Elaboro  un volante que distribuyo a los vecinos en donde les digo que como comunidad tomemos las medidas para exigir el tema de manejo de gas y emergencia. Le digo a la administración que el no cumplir con esto puede causar la muerte de las familias.

Tres años antes de la explosión el vecino advirtió que existía riesgo.

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La administración intentó demandarlo por generar pánico. Tres años después, explotó el ducto. La administración no respondió sobre esto.

Días después de la tragedia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la desarrolladora:

  • Contratar a empresas o profesionales con experiencia y conocimiento en instalación, estructura y seguridad
  • Cumplir las normas de construcción y almacenamiento de gas del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).

La explosión del 17 de febrero de 2019 evidenció que ProUrbano violó las normas de construcción y nadie se hace responsable: ni ellos, ni la municipalidad de Guatemala, ni el Ministerio de Energía y Minas es más la empresa está nuevamente operando.

Julio Paredes, subdirector de Comercialización de la Dirección General de Hidrocarburos, a través de una nota de voz informó:

“Nos encontramos con que la empresa CABUS no contaba con licencia para instalar ni operar el depósito de almacenamiento –de gas- de esa cuenta se le impuso una multa de Q35 mil. Posteriormente presentamos una denuncia al Ministerio Público ya que esta institución solo puede hacer acciones administrativas”

ConCriterio solicitó durante un mes información al MP, pero Julia Barreda, encargada de comunicación, respondió que no informarán del proceso pues solo compete a los afectados enterarse. Se refiere al caso que se sigue por la muerte de la doctora María José Carrillo y su bebé, quienes fallecieron 10 días después del incidente.

Rodrigo Corzo, el  vecino afectado, tampoco obtiene respuesta del MP:

Compete preguntarle al MP ¿cómo van las investigaciones? Nosotros ponemos nuestra demanda a los 15 días, no ponen al primer fiscal auxiliar, a los dos meses relevan el caso a otro auxiliar, luego ponen a uno tercero -para esto ya habían pasado 7 meses- luego nos dicen que la persona que lleva el caso está de permiso, luego de vacaciones y luego la cambiaron, entonces hay una cuarta fiscal.  Lo que hemos pedido es que se investigue cómo se desarrolla un proyecto sin tener licencias. 

A ciegas y confiado en la buena fe de los desarrolladores, así se construye la vivienda en Guatemala. Esa fue la respuesta de José Miguel Benítez, director de comunicación, de la Municipalidad:

Si un edificio tiene cálculos estructurales malos o buenos, nosotros no tenemos competencia para evaluar los planos de un edificio. Entonces si está mal, es competencia del profesional quien a través de declaración jurada reconoce la responsabilidad.

La explosión dejó inhabitables dos apartamentos en Santa María de las Charcas y un año después no hay respuesta a los vecinos.

La desarrolladora ProUrbano mintió pues instaló conductos de gas sin reportarlos, dijo la municipalidad. Karla Prado de la desarrolladora se limitó a responder mediante una nota de voz que:

Toda la información relacionado con el caso forma parte de dos fiscalías en el MP y la investigación sigue en curso; sin embargo, queremos hacer constar que todos nuestros proyectos pasan por el proceso de aprobación para obtener la licencia en: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Conred, Empagua y finalmente la Municipalidad.

La explosión descubrió más deficiencias, cuenta el vecino:

Las tuberías están acuñadas con sacos de basura, las abrazaderas que sostienen las tuberías son alambre de amarre y saco conclusiones de que se puso  eso porque es más barato que colocar un sistema de soporte para tuberías.

Corzo, documentó deficiencias en la infraestructura que quedaron al descubierto con la explosión.

En 2017 Santa María de las Charcas recibió el  galardón de oro del FHA, el cual fue recibido por Ralph De Santis, gerente general de ProUrbano. Para este 2020, la municipalidad de Guatemala ha emitido 40 licencias para nuevos proyectos inmobiliarios. Viro, Pórtico, Morea y Torre Bae, son desarrollados por ProUrbano.

Nota del Editor:
El titular de esta nota fue editado. Originalmente se leyó bajo el encabezado “Casas y edificios: si algo sale mal, es responsabilidad del desarrollador”.
Lunes 17 de Febrero, 07:45 AM.