Como un artificio fraudulento y engañoso calificaron el comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la Fiscal General, Thelma Aldana, la forma como Álvaro Colom y su gabinete de gobierno aprobaron un desembolso de US$35 millones para financiar el sistema de trasporte prepago, TRANSURBANO, en favor de la Asociación de Autobuses Urbanos (AEAU).

El caso Transurbano significa un fuerte golpe para la Unidad Nacional de la Esperanza, la segunda bancada más grande en el Congreso de la República con 28 diputados. El sisma provocado por este caso podría generar una recomposición de fuerzas en el Organismo Legislativo según los propios congresistas, que consideran que los efectos se sentirán en más de un bloque legislativo.

Enrique Álvarez, jefe de bloque de Convergencia, considera que la UNE se somete a una situación de inestabilidad que minará especialmente su paso de cara a una campaña electoral, aunque cree que buscarán nuevamente alianzas en el congreso, luego de intentar distanciarse del llamado “Pacto de Corruptos”.

“Cualquier alianza que se intente hacer para promover en un pacto de corruptos va a terminar en un fracaso y más bien lo que se puede lograr si insisten en restarle posibilidades a la lucha contra la corrupción será algo que a cualquiera que lo haga se le va a revertir”

Las autoridades del Ministerio Público no descartan que el caso salpique a algunos congresistas, lo que implicaría que el bloque deba mover las piezas en el Congreso. Juan José Porras, de VIVA, opinó.

“Si eso se diera como consecuencia de este caso habría que ver qué personajes, qué figuras políticas y qué liderazgos tienen para que haya una recomposición, finalmente están atacando personas, mas no a los partidos políticos como tal”

El diputado Amilcar Pop, en cambio, considera que el caso Transurbano regenera los lazos de fuerzas oscuras del país y fortalecerá su alianza

“Me preocupa que esas fuerzas en contra de la lucha contra la corrupción puedan alinearse y tomar decisiones por miedo y podría ser la búsqueda de la expulsión del Comisionado”

La pregunta que surge en el caso Transurbano es ¿y Sandra Torres?

Pop reflexiona que solo es el inicio de las investigaciones y aunque ella no manejó fondos públicos por no ser funcionaria deberá comprobarse que no estuvo involucrada en ilegalidades.

“Si hubo corrupción, manejo anómalo de fondos y distribución de enriquecimiento ilícitos las investigaciones darán ese resultado”

El congresista Álvarez cree que la factura para Torres será de índole política, eso si no la alcanzan las investigaciones.

“Yo pienso que ella puede salir bien librada legalmente si no tiene responsabilidad, pero políticamente le afectará mucho”

La UNE fue una de las bancadas promotoras de los decretos de impunidad en 2017. A inicios de 2018 intentaron enmendar la plana al integrar una planilla alterna para Junta Directiva, pero el caso Transurbano muestra una interrogante para su futuro en el corto plazo.