El expresidente Álvaro Colom y su gabinete de gobierno están a un paso de que se defina su futura situación legal. El viernes último se escuchó un reclamo desde la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala: No era necesario capturarme con lujo de fuerza como si fuese un delincuente consumado dijo  Colom en un comunicado. Además señalo que cuando en 2010 se presentó una solicitud de antejuicio en su contra por el caso Transurbano la Corte Suprema de Justicia lo rechazó con la firma de la exfiscal Thelma Aldana, entonces magistrada de la CSJ.

La audiencia en la cual se determinará si deben enfrentar juicio ha quedado en suspenso ya que hay  una incidencia presentada por Colom que busca que el caso quede sin efecto, bajo el argumento de que en 2012 la Fiscalía Contra la Corrupción solicitó desestimar el caso a favor suyo y del exminsitro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight.

Este último prepara también sus baterías de defensa. Se centra en ideas más técnicas que legales. El centro de su argumento es insistir que financiar el Sistema Prepago en el transporte colectivo fue un subsidio y no un proyecto de inversión.

Caso Transurbano

En palabras simples: como subsidio, no debía seguir los trámites que los fiscales sostienen que la administración saltó deliberadamente. Esta es la tesis central de Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Púbico (MP):

El sistema prepago estaba condicionado a que se compraran autobuses y esos autobuses estaban condicionados a la adjudicación del sistema. AEAU no tenía los fondos suficientes ni fuentes de financiamiento para comprar los autobuses, la AEAU no acreditó compromiso de compra, no tenían ni siquiera la ruta ni las líneas de operación. El dinero fue adjudicado como proyecto de inversión en consecuencia  imposibilitaba utilizar los recursos para gastos de funcionamiento.  El subsidio eran otros recursos.

El Ministerio de Comunicaciones es la entidad encargada de la entrega del subsidio y lo hace a través de convenios, los requisitos para recibir el aporte: prestar el servicio de transporte, dividir el dinero en el número de días que circuló el bus e informar sobre la repartición de los fondos. Erogar esos US$35 millones era darles un cheque en blanco dice Eduardo Velásquez, exintegrante de la Comisión Multisectorial del Transporte Colectivo de la Cuidad Capital.

 El dinero se lo entregaban a los empresarios sin ningún control (…) en general el subsidio que ha sido una millonada lo han tirado a los bolsillo de los empresarios que no han dado nunca un buen servicio.

La defensa de Fuentes aunque se centrará  en el desistimiento del caso, tiene previsto presentar  cartas que justamente pretende revertir esa idea: que el dinero no tenía control. El abogado Giovanni Castro: Eso lo que dice el acuerdo gubernativo 103-2009 que es un subsidio y eso es lo que dice la ley y con base en eso fue emitido, cuando se evalúa con profundidad los renglones presupuestarios, las normas de la ley del presupuesto del año 2009, son las normas que corresponden a los subsidios.

Incluso, entre los documentos de defensa, los abogados han incluido una viñeta de prensa de aquellos tiempos que retrata al exfuncionario como el villano que canceló el flujo de fondos hacia la AEAU.

 

El exministro lucha, en especial, contra esa imagen que se derivó de él en la conferencia de prensa del 13 de febrero, cuando Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, describió a Fuentes Knight fue el artífice del acuerdo que defraudó al Estado:

 “Preparó los trámites administrativos y envió el proyecto de acuerdo gubernativo a Presidencia de la República, gestionó lo indispensable para que se desembolsaran los pagos, firmó el acuerdo gubernativo a sabiendas del engaño y ardid orquestado. Evitó sistemáticamente la intervención de actores que podrían dar dictámenes que frenaran la entrega de los US$35 millones a la AEAU”.

El caso Transurbano  seguramente deivará un juicio de discusión muy técnica.

En total son 13 los procesados,  Colom, Salvador Gándara, Jerónimo Lancerio y Erásmo Velázquez, guardan prisión, y 8 más están bajo arresto domiciliar.