El 26 de diciembre pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que libró a Sandra Torres y a cuatro diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) señalados por el Ministerio Público (MP) por financiamiento electoral no reportado. La resolución tiene un alcance más amplio: al determinar que no hay delito que perseguir contra los congresistas porque el cargo fue tipificado en 2018, abrió las puertas para beneficiar a todos aquellos que enfrentan proceso en una serie de juicios abiertos contra políticos y empresarios que participaron en campañas electorales del pasado.

¿Quiénes más se salvan con el fallo constitucional?

En su escritorio los magistrados de la CC tienen ya otros casos que buscan seguir la misma ruta: se trata de empresarios procesados en el caso Construcción y Corrupción.

Por ejemplo: Álvaro Mayorga y José Miguel Torrebiarte, sindicados de financiamiento irregular en la que parte del dinero sirvió para financiar al partido que llevó al poder a Jimmy Morales. El abogado defensor, Mario Castañeda, cuenta que van camino hacia la Corte de Constitucionalidad:

Hay personas que fueron procesadas en dualidad: al principio por financiamiento electoral ilícito y posteriormente por financiamiento electoral no registrado, lo cual evidenció un cambio rotundo y no hubo la línea de congruencia que debe mantener un proceso desde que se le sindica. Y como hubo variación, imputaron otro delito sin garantizar el derecho de defensa, entonces hubo vulneración.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha procesado a unas 30 personas por financiamiento electoral ilícito y no en los casos Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción, patrocinio a las campañas electorales de partidos  LIDER, Unionista, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y también en el caso ARCA.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la unidad fiscal, expresa que aunque respeta la sentencia de la CC, cree que lo resuelto limita el planteamiento de querellas o la instauración de un proceso penal ya que se está supeditándolo a la auditoría de un órgano totalmente distinto al que ejerce la persecución penal:

Debemos entender que cuando se plantea un amparo se refiere a un agravio personal y directo y en este caso se refiere a 4 personas que fungen como diputados. La Corte de Constitucionalidad sienta un precedente que puede servir de referencia a un órgano jurisdiccional, pero no está obligado a acatar, toda vez no se haya cumplido con lo que dispone la ley de amparo en que serían tres fallos los que harían doctrina legal de aplicación obligatoria para los tribunales.

Condenados también buscan beneficio

Y esa es la ruta de los litigantes: buscan formar doctrina y que se favorezca a sus clientes, incluso aquellos que ya fueron condenados, como el caso de exgerente de la empresa de telefonía Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, condenado a tres años conmutables por financiamiento electoral ilícito. Su abogado Mario Castañeda, comenta:

Ahora habría que analizar si en las condenas variaron con los hechos para ir al fondo.

Sobre esto, Sandoval respondió:

El artículo 453 del Código Procesal Penal contempla el recurso de revisión, que es extraordinario que acontece  cuando existen nuevos elementos en el caso; esa podría ser una de las estrategias que podrían plantear, pero habría que ver si la resolución alcanza a todas las personas, porque reitero, el amparo es personal y directo.

¿Qué pasará con Sandra Torres?

Con respecto a ella no se hace ningún pronunciamiento la CC porque ya quedó sin materia. Ella está vinculada a proceso, lo que tendremos que ver es qué planteamientos se realizan y dependiendo de los mismos podríamos analizar qué actitud va a asumir la fiscalía.

En 2018 el MP y la extinta CICIG solicitaron el retiro de inmunidad a Jimmy Morales para investigarlo por financiamiento electoral ilícito, pero el Congreso lo protegió y permitió que mantuviera la inmunidad. En aquella ocasión también se pidió investigar a Nineth Montenegro diputado de Encuentro por Guatemala.