Hace tres semanas en Chimaltenango ocurrió en las calles un hecho impensable hace 20 años: ante la mirada de todos los comunitarios la municipalidad pasó, de esquina en esquina, cortando de raíz cada teléfono público monedero instalado en los alrededores de la plaza y mercado de aquella localidad.

Usaron sierras eléctricas para cortar la base de los aparatos que en su momento eran cruciales para las comunicaciones.

¿Cuál fue la justificación?

En primera instancia se conoce que el contrato con la empresa que presta el servicio caducó, pero ahora ni los integrantes de la corporación municipal lo tienen claro. Aí lo dijos Isaias Tubac, concejal sexto de oposición por el comité cívico el Zompopo:

El juez de asuntos municipales, él tendrá la información, yo en pleno  hice la pregunta qué ¿por qué los habían retirado?  Y el alcalde respondió que terminó el plazo de concesión y ya no aportó más información.

dijo el Concenjal

El concejal dice que no fue adecuada la forma cómo retiraron los teléfonos de las calles: lo debió hacer la propia empresa:

Como concejo municipal no estuvimos de acuerdo.

ConCriterio trató de contactar a los propietarios, sin embargo fue imposible. En la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) respondieron con base al articulo 22 de la ley general en la materia, que habla sobre las condiciones:

Y establece que “la prestación de toda clase de servicios comerciales de telecomunicaciones, serán libremente estipulados entre las partes y no estarán sujetos a regulación ni aprobación por autoridad estatal”

También se consultó en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel), una entidad del ministerio de Comunicaciones que subsidia proyectos de telecomunicaciones en las comunidades. En un correo electrónico respondieron que:

“De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República y el artículo 3 del Código Municipal, como entidad autónoma, la municipalidad puede ejercer el gobierno y administración de sus intereses, disponer de sus recursos patrimoniales, atender los servicios públicos y el ordenamiento territorial de su jurisdicción”.

respondió Fontel

Carlos López, un vecino de ese lugar, dijo que el alcalde justificó el retiro de los aparatos a un ordenamiento en la ciudad:

El aduce de que causan molestias a las personas por cuestión de desorden y por lo cual nosotros criticamos eso porque era beneficio para mucha gente, en especial para las personas de escasos recursos que no tienen para comprar un teléfono.

De acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta el primer semestre de 2019, las compañías reportaban 53 mil 352 teléfonos públicos de monedas en todo el país.