Los Consejos Departamentales de Desarrollo (COCODES) cumplen 18 años de recibir miles de millones de quetzales del presupuesto anual y nacional. El martes no fue la excepción, pero ahora los diputados fueron gamonales en incrementar los fondos para estas organizaciones comunitarias: el monto asciende a Q3.3 millardos, Q747 millones más que el presupuesto 2019, vigente para 2020.

El monto principal Q2.4 millardos provienen del IVA Paz una partida destinada a estas instancias en los Acuerdos de Paz; Q35.2 millones provienen del Fondo Económico de la Nación (Fonpetrol) y en la aprobación del martes recibieron Q947 millones extraordinarios para: reactivación económica, rehabilitación y reconstrucción a raíz del impacto de las tormentas ETA e IOTA. Para estos fondos los ministerios de Desarrollo y Comunicaciones deberán readecuar su presupuesto por Q500 millones cada entidad. La programación de obras se presentará a Finanzas en febrero.

-Publicidad-

-Publicidad-

En la aprobación del martes, el Congreso dio luz verde una ampliación presupuestaria 2020 a favor de los COCODES hasta por el saldo vigente por ejecutar, los Q600 millones aprobados en abril bajo el amparo de la pandemia del Covid-19, para proyectos nuevos para reactivar la economía.

 

 

Los COCODES nacieron para descentralizar económica y administrativamente el desarrollo del país y como una forma de participación ciudadana de las comunidades, pero en 18 años se han convertido en un esquema de corrupción que involucra alcaldes, diputados y ciertos comunitarios. Erick Coyoy, exministro de Finanzas:

 “Históricamente ha quedado demostrado que el aporte a los COCODES es un bolsón de corrupción, es muy común que las obras queden a medias o abandonadas, se hacen los pagos, pero ninguna autoridad se asegura que se concluyan. Los gobernadores, diputados y alcaldes manejan con mucha discrecionalidad estos recursos, sin garantía de trasparencia y calidad de gasto. Y aquí lo que vemos es que, gracias a ese incremento en el aporte a los Consejos, se logró la aprobación con mayoría calificada y prácticamente fue una compra de votos lo que ocurrió aquí y debe estar relacionado con los 107 votos para la Junta Directiva”.

La Contraloría General de Cuentas por años ha presentado denuncias contra los COCODES acusados de mal manejo de fondos. En un informe de auditoría se lee:

La Fundación Progresista y Cooperación Maya Mam -FUPROC MAM- percibió fondos públicos por valor de Q55.9 millones en 2008 del COCODE de Patzún, Chimaltenango y de al menos 10 municipalidades y se detectó que las facturas no correspondían a los pagos efectuados. Se emitían facturas de pago a nombre de empresas a las que no se adjudicó proyectos.

Cesar Elías, exsubcotralor de Calidad del Gasto de la Contraloría General de Cuentas, recuerda que encontraron vinculaciones entre integrantes de COCODES y partidos políticos o con aspiraciones a cargos populares, además:

“El problema que notamos es que ellos no tienen estructura adecuada para ejecutar recursos públicos, no conocen las leyes que regulan la ejecución presupuestaria, entonces lo controles se debilitan y es cuando se detectan irregularidades”.

Leandro Morales, exalcalde de Estanzuela, Zacapa, apunta a algo: las elecciones de COCODES suelen estar arregladas.

No debe haber compadrazgos, deber ser una elección real, que se haga una asamblea comunitaria donde se presente el plan de trabajo, pero no que se lleve una planilla arreglada.

El ex ubcontralor Elías trae a la memoria un caso del COCODE que entregó un negocio a una empresa vinculada con el alcalde:

“Se había comprado para una municipalidad una gran cantidad de papel y cuando se cruzó la información con la empresa, esta estaba vinculada con el alcalde, no pudieron demostrar la compra del papel ni dónde lo habían guardado”

No obstante, Elías admite que la fiscalización en 340 municipalidades es un reto y que solo pueden apoyarse con alertas de comités de auditoría social.

La Ley del Presupuesto establece que en cada proyecto se debe colocar un rótulo que indique: procedencia del financiamiento, ejecutor responsable, meta a ejecutar, costo y tiempo, con el fin de que la ciudadanía le dé seguimiento.