El viernes en el marco de los allanamientos efectuados en el caso Comisiones Paralelas 2020, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Murphy Paiz y el exrector Estuardo Gálvez, quien renunció ayer a la segunda vuelta de votación como aspirante a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC), corrieron a refugiarse a un hospital privado cuando se enteraron de una orden de captura en su contra y, los centros asistenciales les abrieron las puertas sin que presentaran señales de enfermedad, más bien para evadir la justicia.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que Paiz no está enfermo, entonces la jueza Erika Aifán, contralora del caso, resolvió que el rector debe ir a prisión provisional, en tanto el exrector Gálvez deberá ser evaluado por los médicos del INACIF.

En el juramento hipocrático los médicos se comprometen con la salud de sus pacientes, pero también juran que:

• Aún bajo amenazas no admitirán utilizar sus conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad y que desempeñarán su trabajo con conciencia y dignidad.

Estas líneas parecen desaparecer cuando ciertos hospitales y clínicas privadas protegen entres sus camillas personas perseguidas por la justicia.

Estuardo Gálvez, exrector de la USAC y exaspirante a una magistratura de la CC.

Mario Roberto Girón, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos, pese a que considera dudoso el internamiento de los rectores comenta:

“Es sospechoso pero no determinante, pudieron haber tenido ese tiempo como aceptables para tenerlos ahí, porque si una persona llega a pedir atención médica a un lugar público o privado las dos instituciones tienen que tener la actitud de servicio a quien lo requiere”.

A la pregunta si hay sanciones para clínicas o doctores que protejan a personas requeridas por la justicia responde:

Como Tribunal de Honor no podemos hacerlo de oficio así lo establece el reglamento y por lo tanto solo podemos actuar con denuncia y a nosotros no nos ha llegado en este periodo alguna denuncia contra doctores e ignoro si en períodos anteriores los ha habido”.

En 2020 el expresidente Otto Pérez, pasó nueve meses en el Hospital Militar, pero un informe del INACIF determinó que no ameritaba estar internado. Entre 2015 y 2018 los forenses de la institución concluyeron también que la exvicepresidenta Roxana Baldetti no debía estar en un hospital y podía continuar con sus citas judiciales.

Paiz y Gálvez están desde el viernes en los sanatorios Los Ángeles y Ángeles en la zona 1 y 7 respectivamente de la capital.

Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos señala que en efecto es una falta a la profesión:

“El Colegio lo considera una falta de ética profesional porque el paciente no tiene una indicación y es solo por evadir a la justicia”.

No obstante, al igual que el presidente del Tribunal de Honor dice que no pueden actuar de oficio incluso cuando se tenga conocimiento de casos específicos:

Tiene que ser una persona o una institución la que denuncie ante el Tribunal y corresponde a ellos evaluar o no si es una falta al código deontológico”

 

Gustavo Alejos, procesado en cinco casos de corrupción.

Paiz y Gálvez están señalados de negociar con Gustavo Alejos en la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Alejos, fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom y operador político de Sandra Torres. Este personaje también ha usado los hospitales privados como refugio para evadir la justicia: de 2016 a 2021 se le han practicado 77 evaluaciones. Por secreto médico el INACIF no revela los resultados a quienes no forman parte del proceso.