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El 16 de junio próximo los guatemaltecos deberán elegir 160 diputados al Congreso al  República. Los listados son ahora depurados por el Registro de Ciudadano del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero en el proceso, el colador ha dejado participar congresistas con procesos legales abiertos, como el más reciente caso de inscripción de Armando Escribá, sospechoso en las investigaciones del caso Construcción y Corrupción, un sistema ilícito de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de contratos en el Ministerio de Comunicaciones, liderado por el exministro Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia. Otro ejemplo es el del congresista, condenado por tráfico de drogas, quien aspira a una reelección, José Amando Ubico.

La actual legislatura, aunque pasará a la historia como una de las más cuestionadas por su forma de legislar, no dista mucho de anteriores: al menos 5 expresidentes han sido capturados y acusados por actos de corrupción, entre ellos:

  • Gudy Rivera, condenado a 13 años por tráfico de influencias

  • Pedro Muadi, en proceso de juicio por plazas fantasma, peculado y lavado de dinero.

  • Rubén Darío Morales, condenado a 8 años de prisión por desvío de fondos del Congreso.

  • Arístides Crespo, en proceso, acusado de crear plazas fantasma.

  • Eduardo Meyer, sentenciado a tres años de cárcel por desvío de Q82 millones del Legislativo.

Congreso se fortalece

A pesar de esos antecedentes, Catalina Soberanis, expresidenta del Organismo Legislativo entre 1991-1992, cree que el poder legislativo ha cobrado fuerza y se ha convertido en el eje de los procesos políticos en Guatemala:

En el diseño original de la Constitución, había ciertos equilibrios, pero con la reforma a constitucional de 1993-1994 se da más funciones y se fortalece el poder Legislativo: selección de terminados cargos, interpelación al Organismo Ejecutivo.  Entonces ese tipo de aspectos  que lo han fortalecido, sin convertir el sistema político en parlamentario, entonces eso lo convierte  el centro del eje de los procesos políticos.

El Congreso tiene en sus manos la facultad de aprobar y modificar el presupuesto, además de establecer marcos normativos que rigen las políticas del país. Por lo tanto Soberanis considera que los congresistas llevan el timón de este país en sus manos.

El aprovechamiento de los recursos debería ser una de las prioridades, señala la expresidenta del Congreso, algo que los candados establecidos no permiten actualmente, argumenta:

Hay porcentajes establecidos en la Constitución y otros contenidos en otras leyes que hacen que no todo el presupuesto haya libertad de los recursos porque ya tienen direcciones establecidas. En algunos casos requeriría reforma constitucional.

Roberto Alejos, expresidente del Organismo Legislativo insiste en que es necesario hacer una reforma integral del Estado, en estas menciona que se deben hacer correcciones a algunas normas para el buen funcionamiento del Congreso:

Los chapuses que hemos hecho a la ley electoral, en lugar de mejorar han empeorado las cosas, las reglas no están claras. Y la segunda ley que hay que arreglar es la ley orgánica del Congreso, si alguien hiciera un estudio de la última reforma vamos a ver que el personal no disminuyó, el presupuesto aumentó, que el pleno es infuncional. La forma en que funciona el Congreso no es democrática. No se debe permitir la interpretación de la ley.

La elección del nuevo Congreso está a la vuelta de la esquina y existe preocupación de elegir a las personas idóneas. Semanas atrás, la organización Guatemala Visible entregó al TSE un listado de 29 diputados procesados y sin inmunidad; así mismo existen por lo menos 70 que cambiaron de partido una prohibición para poderse reelegir.