Solo habían pasado 19 minutos desde que se inició la sesión plenaria de ayer jueves en el Congreso de la República cuando de repente se escuchó la voz de un diputado que invocó el nombre de Dios:

¡Bueno, en el nombre de Dios, nos vamos!

Aquella exclamación era porque se iba poner en marcha el plan de los  congresistas: alterar la agenda del día para reformar el artículo 407N del código penal, sobre financiamiento electoral, lo cual fue una exhortación que la Corte de Constitucionalidad hizo al Organismo Legislativo en febrero de este año.

La modificación de la agenda fue aceptada y se entró a conocer la propuesta de reforma presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual incluyó la sustitución total del artículo 407N, con lo cual se dejó fuera el financiamiento que se recibe  el día de las elecciones.

El nuevo artículo recibió el apoyo de 91 congresistas, 18 votaron en contra, entre ellos, Andrea Villagrán, Integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia quien rechazó que fuera eliminada la frase, “eventos electorales” y este fue su argumento:

Entonces eso significa que el día de las elecciones no cuenta como campaña ni como actividad permanente, es como si fuera una amnistía para cualquier financiamiento ilícito el día de las elecciones.

Hizo referencia a las dudas que tiene el MP sobre el financiamiento que recibió FCN-Nación el día de las elecciones en 2015, cuando empresarios pagaron la fiscalización del voto a ese partido:

Hay un caso en que está en Tribunales y fue investigado por el Tribunal Supremo Electoral que incluye el día de las elecciones con lo cual se  está dejando como una exoneración a eso.

Los congresistas además incorporaron un nuevo artículo, el 407 “o” en el cual se castiga el financiamiento electoral no registrado, el cual se castiga con penas de 1 a 5 años.

Antes de la reforma la ley establecía los aportes anónimos como financiamiento electoral ilícito y era penado hasta con 12 años de prisión inconmutables. El nuevo artículo dispone que quienes no establezcan su identidad, tendrá una pena máxima de hasta 5 años y, el juez decidirá si conmuta o no la pena.

Estas reformas podrían beneficiar  al presidente Jimmy  Morales, Nineth Montenegro y Orlando blanco, Secretarios Generales de sus partidos políticos, a quienes el Ministerio Público señala de no registrar aportaciones dinerarias millonarias que recibieron sus organizaciones en 2015 y 2011. Además se beneficiarían por lo menos 30 diputados y, también empresarios del país que financiaron campañas políticas de manera irregular.

Esta es la lectura del nuevo artículo que elimina el financiamiento anónimo:

Quien consienta o reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales.

Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado de Guatemala, hasta por un periodo de cinco años.

Las reformas se convierten en el decreto 23-2018, tras su aprobación. El diputado Oliverio García Rodas, hizo evidente el temor que los congresistas tenían de reformar esta ley:

Me es simpático ver un organismo legislativo aterrado, ¿por qué? Si la Corte nos está exhortando a la proporcionalidad de las penas y con este artículo se está cumpliendo.

Aprobado el decreto se rompió quórum y con esta frase mitad protocolaria y mitadresaltadora de últimas acciones en el Congreso, su presidente, Álvaro Arzú Escobar dio por finalizada la sesión: se levanta la sesión y que tengan un fin de semana largo, gracias a la ley de turismo interno.