El Congreso de la República y las organizaciones que conforman el sistema de justicia están de acuerdo en poner en libertad a las personas vulnerables, atrapadas en los penales guatemaltecos para protegerlos del coronavirus.

Este martes a la Comisión de Protección Ciudadana del Organismo Legislativo, llegó la iniciativa de ley 5564, la cual regula la prisión preventiva y privilegia la domiciliar. A la discusión se sumó el proyecto de la Oficina Nacional Contra la Tortura que propone liberar a 2 mil 578 reclusos, 9% de los prisioneros actuales.

Al final de la jornada la conclusión de la sala fue que no es necesaria una ley para atender las medidas preventivas en los penales, así lo explica Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso:

 “Esta situación se puede resolver con las leyes existentes ya que existe la voluntad del Organismo Judicial (OJ) de agilizar todos los procesos mediante la invocación del artículo 2 de la Constitución de la República”

Apoyo de juzgados

En efecto en su intervención en la mesa Josué Felipe Baquiax, presidente de la Cámara Penal, expresó que por humanidad, pueden apelar a resoluciones favorables:

La semana pasada en el pleno de la de la Corte Suprema de Justicia se abordó este tema y estamos en la mejor disposición de apoyar a los jueces de Ejecución Penal para que den respuesta inmediata a esas peticiones que se van a formular.

El primer listado llega de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura que, de acuerdo con sus datos, las personas vulnerables en las cárceles suman 2 mil 578:

  •  Adultos mayores: 644
  • Enfermos crónicos: 1 mil 166
  • Enfermos terminales: 08
  • Madres con niños: 131
  • Menores: 132
  • Mujeres embarazadas: 72
  • Discapacitados: 280
  • VIH positivos:145

A la fecha la Dirección del Sistema Penitenciaria reporta: 26 mil 271 privados de libertad:

  • Condenados: 14 mil
  • Sin condena: 12 mil 271

La Defensa Pública Penal atiende el 74% de los casos de las prisiones, de ellos el 90 % está en cumplimiento de condena y 55% en prisión preventiva.

Raúl René Robles, director de la división técnico profesional de la Defensa, aprovechó el anuncio de la Cámara Penal:

“Que se traslade a cada uno de los jueces a nivel nacional y que sea aplicada, para evitar que los detenidos actuales sean trasladados a los centros de privación de libertad así vamos solventando para adelante; segundo: que los que ya tienen prisión preventiva, que sean revisadas las medidas de coerción.

Luis Escobar, director del Sistema Penitenciario, expuso que si se llega a propagar la enfermedad en las cárceles solo tiene capacidad para atender a unas 35 personas.

Entre las voces de quienes abogan por otorgar los beneficios para los presos, se escucha la deRodemiro García, de la secretaría política criminal Ministerio Público (MP), que aunque dijo que apoyan la situación de las personas vulnerables, acotó que su papel no es defenderlos:

A nosotros se nos vuelve más complejo porque esto puede implicar el cambio de los desarrollado a través de nuestros fiscales. Porque tenemos la acusación y persecución penal.

El representante del MP dijo que se debe continuar discutiendo la iniciativa 5564 que ya cuenta con dictamen favorable.

Alerta

Oswaldo Samayoa abogado penalista en casos de alto impacto, coincide con el magistrado Baquiax: no se necesita legislar, por lo menos en este momento. Además dijo que se debe exhortar a los jueces a una de revisión de casos y que con base a criterio se otorgue o no la libertad condicional al privado de libertad y que no que a través de una ley se abra las puerta grande de las prisiones.

“Hay una preocupación porque el mecanismo nacional de protección de la Tortura anda promoviendo la excarcelación de casi todos, amenazando a los jueces  y deben ser personas que lo ameriten”.

En la cola sigue también la propuesta de excarcelación temporal  elaborada por la Oficina Nacional de Prevención Contra la Tortura, una institución evidenciada en el pasado reciente, a través del del relator Carlos Solórzano y la exrelatora Silvia Villalta, de presentar mociones a favor de Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom y financista de la excandidata presidencial Sandra Torres, acusado en  5 casos de corrupción.