Los opositores a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están a punto de asestarle un golpe.  El rostro más visible de quienes en Washinton lideran el ataque contra la Comisión  son los congresistas Marco Rubio y Chistopher Smtih, quienes el pasado 27 de abril acusaron al organismo internacional de estar coludido con el gobierno ruso.

Un informe  del Departamento de Estado de los Estados Unidos descartó la semana pasada la influencia rusa en el trabajo de CICIG. Pero eso no dejó conforme el congresista Smith quien ha pedido  que la Inspectoría General de los Estados Unidos vuelva a investigar la posible confabulación con  Rusia.

Estas acciones mantienen congelados US$6 millones de la contribución de los Estados Unidos para el trabajo en la lucha contra la corrupción. Los legisladores han condicionado la liberación de los fondos a que se produzcan cambios en la forma de operar de la CICIG. El tiempo se agota y si en seis semanas el dinero no es liberado por el Congreso Estadounidense, la contribución se perderá.

Fernando Carrera, excanciller de Guatemala, considera que de los cambios que se proponen para la liberación de los fondos  podrían resultar discutibles, toda vez que no debiliten la lucha contra la corrupción.

“..En principio podría ser discutible poner límites al número de años que ejerzan su función el Comisionado o la idea de crear un mecanismo de supervisión del trabajo de la CICIG, pero lo que no puede ser aceptable de ninguna manera es debilitar el trabajo en la lucha contra la corrupción”.

Desde 2007 a la fecha la CICIG ha recibido US$162.2 millones en cooperación, el 27 % corresponde a  los Estados Unidos, que de 2007 a 2017 ha aportado US$44.5 millones, seguido de Suecia con US$33 millones y la Comisión Europea con US$ 22 millones. Matias Ponce, vocero de la organización, se refirió a los  US$ 6 millones que EE.UU aún no libera:

“Tenemos confianza de que va a realizar ese desembolso y que vamos a poder seguir trabajando, con EE.UU. como con los demás países donantes que apoyan la tarea que tiene la Comisión aquí en Guatemala”.

Sobre la petición del senador Smith de que la CICIG sea investigada se consultó a la embajada de EE.UU en Guatemala y no hubo respuesta; Ponce portavoz de CICIG dijo que no hay nada oficial: Nosotros no tenemos nada para señalar al respecto, la CICIG, tiene varios mecanismos de rendición de cuentas con los países donantes, tenemos informes, y auditoría, y sobre esa petición no tenemos ninguna comunicación oficial.

El ex canciller Carrera sin embargo cree que las acciones de los congresistas estadounidenses buscan es perjudicar el trabajo de la Comisión:

“A partir de que grupos de donantes de sus campañas no están de acuerdo con el trabajo de la CICIG, ¿Qué grupos son? En primer lugar hay una serie de donantes que se vincula al apoyo del gobierno de Israel que desarrollan un fuerte lobby para perjudicar al trabajo de la Comisión y lo están haciendo en respuesta al apoyo del gobierno de Guatemala al traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén”.

Sobre ¿quiénes pueden investigar a la CICIG?,  otro tema cuestionado por algunos sectores, Carrera responde.

“Oficialmente solamente por Naciones Unidas, pero no oficialmente cualquier gobierno donante o no donante, miembro de sistema de Naciones Unidas, puede pedir su investigación, que es lo que está haciendo el representante Smith que está pidiendo que sean órganos del gobierno de Estados Unidos.

A junio 2018 la CICIG reportó la identificación de 60 estructuras criminales, presentó 80 casos ante los juzgados,  logró proceso penal para 650 personas, el 60 % con arresto domiciliar; logró que los tribunales condenaran a 200 personas y apoyó en la creación de 34 propuestas de reformas legales. Persigue a 115 prófugos.