La imagen de esta nota circuló como una más de los operativos policíacos durante el primer día del toque de queda, pero esta fotografía era distinta a las otras de la jornada: no eran hombres detenidos porque violaron la prohibición de un toque de queda. Las cámaras congelaron el momento cuando una mujer con su ropa blanca manchada por la hemorragia de su nariz, señala a su conviviente de golpearla hasta sangrar. Los dos están rodeados de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, quienes –de acuerdo con los reportes del incidente– se retiraron después de registrar el hecho y de enviar a ambos, de nuevo, a guarecerse bajo el mismo techo.
Las denuncias de delitos contra mujeres decrecieron -75.46% durante las dos semanas de la cuarentena. Si denunciar maltrato representa un desafío en circunstancias normales, durante la crisis del Covid-19, las autoridades no garantizan la protección habitual para las víctimas: los albergues están cerrados, no hay refugio para las denunciantes.
Claudia Hernández, Directora Ejecutiva de Fundación Sobrevivientes, una organización que administra un albergue que puede atender a un máximo de 10 adultas víctimas de violencia intrafamiliar severa o de trata, explica que el refugio está cerrado porque no cumple con los requisitos sanitarios para frenar el contagio del coronavirus. “Si albergamos a varias personas,” explica, “podemos ser una fuente de contaminación. Ya no encontramos ni gel, ni mascarillas; además varias mujeres que trabajan tienen más de 60 años”. La organización, por ahora, solo atiende llamadas de apoyo y asesorías.
Giovana Lemus, coordinadora ejecutiva del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), también contó que los 7 Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) bajo su gestión, no recibe ni mujeres ni niños durante la cuarentena por los distintos protocolos de salud, seguridad y justicia: “no vamos a acoger a nadie en ninguno de los CAIMUS mientras se cumplan los 40 días de cuarentena para asegurar que las personas ya ingresadas no están infectadas con el Covid-19”.
Hay solo un refugio estatal habilitado para quienes sufren violencia doméstica, pero ahora solo recibe a migrantes víctimas de trata de personas. Debido a la emergencia del Covid-19, las páginas del gobierno y el MP refieren a las mujeres a albergues para indigentes.
Desde el 14 de marzo, cuando comenzaron las medidas del Estado de Calamidad, el Ministerio Público (MP) reportó 746 casos de violencia física, psicológica, sexual, económica contra la mujer y femicidio. Es un promedio diario de 43.82. Antes de la cuarentena, ese cálculo alcanzaba los 178.54 durante 2020.
Aunque las denuncias de otros crímenes recibidos por el MP también se disminuyen, las de delitos contra la mujer son de los que muestran mayor reducción.
En Guatemala, la disminución de casos, lejos de mostrar una realidad de menor violencia, visibiliza que las políticas de aislamiento social obstaculizan los mecanismos de acceso a la justicia, dice Dorotea Gómez Grijalva, defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La tendencia a la baja en cuarentena se explica, según ella, en tres razones:
- Las mujeres no pueden salir del hogar: están en contacto constante con el agresor.
- No todas las mujeres tienen dinero para irse o siquiera para llamar
- No hay protección: si denuncian, las víctimas no tienen a donde ir.
Lucrecia Vásquez, de la Secretaría de la Mujer del MP, considera que el descenso de denuncias muestra las insuficiencias de las medidas de atención a las víctimas.
“El problema es que si se da subregistro en períodos de relativa tranquilidad, ¿cuánto más se estará dejando de denunciar en estos momentos?”.
Lucrecia Vásquez, Secretaria de la Mujer del Ministerio Público.
En un margen global, los datos nacionales muestran una tendencia opuesta a la del resto de países.Las denuncias por violencia doméstica han aumentado en los confinamientos alrededor del mundo. En Hubei, China, por ejemplo, los informes de violencia contra la mujer en la policía se triplicaron y en Cataluña, España, las llamadas de ayuda aumentaron en un 20%.