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Los resultados electorales del pasado domingo provocaron mucha más tensión en algunos candidatos que en otros, cuando no lograron ganar un cargo de elección popular. A partir de hoy, empieza la cuenta regresiva para aquellos a quienes no les alcanzaron los votos para mantener el blindaje del antejuicio.

Una mirada al Congreso de la República nos muestra que el 14 de enero a las 14 horas, algunos personajes como Estuardo Galdámez, quien apenas logró 4% del total de votos en la elección presidencial, deberá enfrentarse con la justicia porque ese día perderá la inmunidad que le da el cargo para ser investigado y procesado.

El diputado señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser uno de los operadores dentro del Organismo Legislativo para el pago de sobornos a otros diputados para que se aprobaran leyes en favor de la empresa telefónica TIGO.

José González, abogado penalista e integrante de la organización Alianza para las Reformas, comenta sobre el futuro de los congresistas que no lograron ganar en la elección:

En el momento en que se cesa en el cargo público, prácticamente se deja de tener esa prerrogativa y desaparece el obstáculo a la persecución penal.

Gustavo Medrano, quien buscaba la alcaldía de Chinautla con el partido Unionista, es otro de los congresistas que en siete meses quedará sujeto a procesamiento penal. La jefatura edil en aquel municipio le fue arrebatada por su prima, Elizabeth del Cid Medrano, quien ganó la alcaldía con la Unidad Nacional de la Esperanza.

Medrano también está involucrado en el caso de la telefónica y además tiene pendiente el retiro de la inmunidad por un proceso de corrupción en la municipalidad para la cual se postuló y que estuvo gobernada por su papá durante 24 años.

El MP acusa a la familia Medrano de haberse beneficiado con Q423 millones mediante contratos ilegales.

Inmunidad por caducar

El abogado de la Alianza para las Reformas, describe algunos escenarios para los congresistas:

Lo más pertinente sería que estas personas se presenten a los órganos jurisdiccionales para evitar el desgaste y engorroso momento de una captura por una orden emitida por juez.

Hay que recordar que el General Ríos Mont lo hizo antes de entregar su puesto como congresista y se presentó a la fiscalía para ver cómo estaba su caso y eso le valió para que no le dieran prisión preventiva. El MP tiene que evaluar, pero la orden de captura se gira después de haber citado a las personas; ahora si tiene información de esas personas ya no van a estar en el país el 14 de enero, entonces si solicita la orden de captura.

Oscar Escribá, tampoco logró la reeleción. El congresista es sospechoso de beneficiarse con Q194.3 millones mediante contratos que fueron adjudicados a empresas vinculadas con él cuando era director del COVIAL en el Ministerio de Comunicaciones. En este caso está vinculado el exminsitro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo.

Gabriel Wer, integrante de JusticiaYa, un movimiento enfocado en la depuración del Congreso, considera que la persecución penal contra estos personajes no debe esperar a que pierdan la inmunidad:

“El MP debe seguir impulsando esos casos por la vía correspondiente -la Corte Suprema de Justicia- y si no se logra por esa vía, el 14 de enero tiene que actuar”

Para esta nota se le llamó los diputados, pero no respondieron sus teléfonos.