La próxima semana un juez de niñez deberá decidir sobre la custodia de Juan Ignacio, un niño de dos años, de padres guatemaltecos residentes en México, el niño nació en Estados Unidos por complicaciones durante el embarazo y hoy tiene nacionalidad estadounidense y guatemalteca.

En los 24 meses de casados los papás del menor, por cuestiones migratorias, cruzaban cada cierto tiempo la frontera entre Guatemala y México ya que solo tenían visas de turistas. Durante ese tiempo el matrimonio empezó a tener problemas y surgió la violencia en hogar, cuenta Estefanía Bauer de 29 años y mamá de Juan Ignacio. En diciembre 2019, Bauer denunció en México a su esposo Edgar Alberto García Juárez, por acciones de violencia contra ella.

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Al ver que no tenía protección de la policía ni de la Fiscalía de la Mujer – de México- me asusté y no sabía cómo parar y qué iba a pasar conmigo, un día tomé mis cosas, me metí en un bus y me vine para Guatemala huyendo de eses ciclo de violencia.

Estefanía cuenta que su esposo había escondido los pasaportes del menor y de ella, aunque pudo regresar a Guatemala, vía terrestre el 11 de diciembre 2019:

Gracias a Dios logré pasar, yo sí reporté mi salida, pero no me pidieron los papeles de mi hijo, pasé por la frontera de El Ceibo y logre llegar a la ciudad y aquí he estado con miedo y ahora me quieren quitar a mi hijo.

El 19 de diciembre de 2019, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, México, compartió la alerta Amber, para la búsqueda de niños desaparecidos en la que se puede observar la fotografía del pequeño Juan Francisco.

El papá había denunciado la sustracción del menor y la alerta llegó a Guatemala donde fue ubicado por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Juan Ignacio estaba con su mamá a quien de inmediato se le abrió proceso por penal por sacar al menor de México sin permiso del papá.

El 23 de noviembre se dictará sentencia y la pregunta en el aire es:

¿Es culpable esta mamá de sustraer a su hijo por huir de la violencia intrafamiliar?

El caso es complejo responde Hugo Hurtado, abogado de familia, ya que según él, se debería salvaguardar el interés del niño, sin embargo:

Aquí no se queda la situación en lo familiar, si no en lo penal y hay que tomar en cuenta que este es un derecho frívolo que no ve personas sino acciones y se deja a un lado la cuestión personal y si ya trascendió a la penal se puede ver afectado el derecho del niño ya que el derecho penal está configurado para juzgar personas cuando han cometido algún delito.

En México la mamá denunció a su esposo por violencia en diciembre 2019 y en febrero 2020 lo hizo en Guatemala, pero al no encontrar apoyo de la justicia en aquel país decidió huir con el niño.

“Entonces está sujeto al derecho de familia y al penal y la Ley de la Niñez y Adolescencia y todo tiene que converger para ver la posibilidad de sentencia en el ámbito penal. Habría que establecer cuáles son los alcances a la extraterritorialidad de la ley los efectos que tienen en Guatemala. 

La PGN respondió sobre el caso que no pueden dar información pues solo dan acompañamiento a requerimiento de México y que para ellos el caso está en reserva. ConCriterio trató de ubicar al abogado del papá del chico, pero no fue posible ubicarlo.

MP con antecedentes

El Ministerio Público (MP) registra dos denuncias contra la mamá de Juan Ignacio por sustracción y maltrato contra personas menores de edad, no obstante, estas fueron desestimadas porque los hechos se cometieron en México y no en Guatemala.

El MP también informó que se investiga la denuncia de violencia presentada por Bauer, por hechos tanto en Guatemala como en otros países, se han recabado declaraciones testimoniales de la víctima quien ha detallado los hechos de violencia que sufrió por parte de su esposo (sindicado), hechos que la motivaron a regresar a Guatemala, asimismo se han recabado documentos de identificación y documentos que determinan la posible comisión del delito de violencia económica derivado de responsabilidades económicas que la víctima adquirió y que se presume sufrió un detrimento en su patrimonio derivado de la relación conyugal con el sindicado.