El polémico decreto 15-2020 no sale del limbo legal: las empresas distribuidoras y generadoras de energía eléctrica esperan que la Corte de Constitucionalidad revierta las disposiciones aprobadas por el Congreso de la República el 3 de abril.

La famosa norma prohíbe a proveedores cortar los servicios básicos de agua, cable, teléfono, Internet y energía eléctrica a población vulnerable, mientras dure el Estado de Calamidad, decretado a raíz de la pandemia del Covid-19.

Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores de Energía, explica su oposición:

“La forma en que quedó el decreto 15-2020 no está enfocado solo a los más vulnerable, sino quedó en forma amplia, eso significa que cualquier persona con capacidad económica puede hacer uso de este decreto y eso provocaría desfinanciamiento en el sistema eléctrico nacional y pondría a los agentes en dificultades para su operación”.

La ley establece que los usuarios de los servicios de energía eléctrica pueden convenir la forma de pago con las compañías y prolongar sus pagos hasta por 12 meses. Esto, según los empresarios, generará un agujero financiero en toda la cadena y eventualmente llegará a los productores de energía, quienes sin dinero, no podrán operar y eso podría generar racionamiento o suspensiones del servicio a nivel general.

Producción puede parar

Sobre esto se refiere Fernández:

Nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir operando las plantas hasta donde podamos, lo que nos preocupa es que las distribuidoras, por su problema de cobro no paguen a los generadores el costo de generación y que nosotros entremos en dificultades financieras.

En el país funcionan unas 120 plantas generadoras de energía eléctricas, cada empresa opera distinto y cada cual hace sus propios cálculos de impacto. 

Tras emitida la nueva ley, la agencia central de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) colapsó por cientos de personas que buscaron retrasar sus pagos.

Ivette Zambrano, directora de comunicación de EEGSA, compañía que atiende a 1.3 millones de usuarios señala que en 20 días han suscrito 6 mil convenios de pago: 300

“Se hace un análisis y no solo entran de clientes residenciales, sino de otro tipo”

La ley como está obliga a las distribuidoras a diferir los pagos a todo nivel. La mayoría de los convenios se celebraron incluso por 12 meses. Sobre el racionamiento de energía, Zambrano dice que es un escenario:

“Porque las distribuidoras no pueden pagar a toda la cadena de estructura del mercado eléctrico y al dejar los clientes de pagar, se podría llegar a ese punto”

Mynor Amezquita, vocero de Energuate, otra que presta el servicio de distribución a 1.9 millones de usuarios, señaló que la empresa no se pronunciará sobre el tema y tampoco proporcionará datos de los convenios suscritos. Estos cambian constantemente, dijo, y por lo tanto no pueden ser compartidos.

La oficina de comunicación de la Corte de Constitucionalidad dijo que hasta antes que entrara en vigor por el decreto, recibieron 13 acciones de amparo, y, desde el último viernes, cuando entró en vigor, se plantearon 8 inconstitucionalidades.