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Ángel Pérez-Maura, naviero español  propietario original de  Terminal de Contendores Quetzal (TCQ), fue detenido en España, bajo sospecha de pagar al menos US$26 millones a autoridades para eludir el proceso judicial que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) abrieron en 2016.  El español fue requerido por la justicia guatemalteca bajo sospecha sobornar con US$24.5 millones al expresidente Otto Pérez y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para otorgarle en usufructo de 25 años terrenos propiedad de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Pérez Maura fue capturado junto con su hermano y tres personas más, en seguimiento a una investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción de ese país y que, según reportaron los diarios españoles, acusa al empresario de diseñar una estrategia basada en sobornos para detener la extradición a Guatemala.

Operador del multimillonario

José Manuel Villarejo, un comisario español retirado y en prisión provisional por señalamientos de corrupción, era el enlace de Pérez-Maura. El diario El Pais, sustentado en documentos a los cuales tuvo acceso, reportó que el Policía iba a usar sus enalces en la Audiencia Nacional para evitar la extradición, además debía conseguir la excarcelación de un empleado de Pérez-Maura, detenido en Guatemala, acusado de corrupción. Según El País el comisario Villarejo emitió una factura para cobrar “asesoramiento en inteligencia corporativa y análisis de información en España, Guatemala y Estados Unidos”.

La fiscalía tiene documentados los cheques que desde la compañía de Pérez-Maura ingresaron a las cuentas de las empresas del comisario, las cuales se pagaron desde abril 2016 cuando Guatemala requería en extradición al empresario Español

 “La estrategia de sobornos en Guatemala”

Jimmy Morales, Nineth Montenegro y Manfredo Marroquín como Director de Acción Ciudadana, según una publicación de octubre 2018, del diario El Español, estaban entre las estrategias de Pérez-Maura para que su persecución penal cesara.

La nota da cuenta que el naviero pretendía hacer contribuciones económicas a los sujetos en mención, para callarlos o buscar su apoyo  mediante aportes económicos.

Alfredo Brito, Secretario de Comunicación de la Presidencia respondió que según los registros, no existió ningún acercamiento por parte del empresario:

La publicación  que yo leí tiene un dato incorrecto, porque está diciendo que Manfredo Marroquín es diputado cuando él no es diputado, él era entonces de Acción Ciudadana. No puedo decir si  la fiscalía está o no cometiendo error. Yo pregunté a la Cancillería y la Secretaría Privada si existió algún acercamiento de esta gente y me dijeron que no.

En efecto la noticia identifica equivocadamente a Manfredo Marroquín como diputado. Aunque los hechos que reporta no son del todo equivocados: el propio Marroquín, presidenciable del partido Encuentro por Guatemala y expresidente de Acción Cuidada, la organización que se sumó a la  denuncia del contrato millonario, confirmó a través de notas de voz, que en 2014 allegados a Pérez-Maura insistían en reunirse con él:

“Llamaron a la oficina muchas veces, yo me negué a recibir la llamada de ellos, pidieron citas –nunca se las di- y eso les molestó mucho. De hechos con la secretaria dejaron dicho que si yo no los atendía me iban a demandar porque yo los estaba acusando falsamente. Nosotros toda vez hacemos la denuncia, evitamos el contacto con ellos, porque para nosotros era un negocio turbio”

Nineth Montengro, la diputada que solicitó a juez declarar lesivo el contrato, dijo que tampoco atendió a los españoles ya que el proceso judicial tenía  avances.

 Me interesó tan poco, ya íbamos muy avanzados en el 2015 y la jueza nos estaba dando la lesividad de contrato. Yo solo sé que pidieron una cita con diversas autoridades. Mi secretaria me dio la información pero jamás les recibimos ni la llamada.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, comentó:

En cuanto a los señalamientos de la fiscalía de Guatemala, las autoridades españolas tendrían que imputárselos en ese país.

En Abril 2016 la FECI solicitó la detención de Pérez Maura por asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

13 personas están  involucradas en el caso TCQ, 6 han sido  enviados a juicio y en 2018 fue condenado a cinco años inconmutables José Luna Argueta, exsecretario del Juzgado de Escuintla, quién emitió resoluciones favorables a TCQ.