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Juan Ramón Lau, Luis Hernández Azmitia y Felipe Alejos, el triunvirato de diputados del Congreso de la Republica reconocidos por propiciar acciones en contra de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y, quienes forman parte del grupo que acuerpa de manera visible o invisible la llamada “Comisión de la Verdad” que excava los restos de la misión internacional, tienen un nuevo proyecto que se enlista dentro de sus intervenciones con la justicia del país:

Quieren controlar la figura del testigo y el colaborador eficaz dentro de los procesos judiciales. Además, pretenden blindar todas las actuaciones del proceso, con una reserva de información para externos; desde que se inicia el caso hasta que se emita sentencia.

Idoneidad de testigos

La iniciativa se registra con el número 5642 y en su contenido establece que el Ministerio Público debe presentar a los jueces un informe sobre la idoneidad del testigo y no serán admitidos aquellos que:

1. Tengan interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.

2. El que sea amigo o enemigo de una de las partes procesales.

3. El que haya sido condenado por delito doloso.

4. Que tenga antecedentes de violencia.

5. El que testifique violando el secreto profesional activo o pasivo.

 6. El que pueda representar un peligro de daños social.

El texto establece que las declaraciones del testigo no podrán ser anticipadas.

Sobre este punto un exjuez y un abogado litigante en procesos de alto impacto coinciden en que las calidades del testigo ya se encuentran reguladas:

Luis Alexis Calderón, exmagistrado y juez, abogado de Salvador Estuardo Gonzalez apodado “eco” colaborador eficaz en los casos La Línea y Cooptación del Estado:

Lo único que hacen es generar una normativa que va ser contradictoria y en última instancia lo que corresponde es ponderar si le da valor probatorio o no a la declaración. Porque todas esa condiciones -las enumeradas- no son importante. Yo como exjuez y exmagistrado le puedo decir que lo importante es lo que la persona dice y que se puede corroborar con otros elementos de prueba. Yo  lo que creo es que ya no quieren personas que declaren en contra de las organizaciones.

Oscar Poroj, abogado que defendió a los familiares del presidente Jimmy Morales, comenta:

Existen normas que ya regulan ciertos aspectos, pero por la mala aplicación se emiten nuevas leyes que contrarían o que tratan de ser más claros para regular algo que ya está establecido y eso no es correcto.

Investigaciones blindadas

La iniciativa, además, pretende proteger bajo siete candados todas las líneas de investigación, la prescripción establece:

“Está prohibido que el Ministerio Público, jueces competentes y quienes tengan conocimiento de las actuaciones en  el proceso de investigación, por motivos oficiales o accidentales, revelen a  extraños cualquier medio de investigación, convicción o de prueba, indicios, actuaciones, documentos, datos y cualquier información relacionada con procesos penales desde que se produce el acto introductorio hasta el momento de apertura del debate oral y público o bien hasta que se emita resolución definitiva que ponga fin al proceso”.

El abogado Poroj expresa: La constitución regula que las actuaciones son públicas para las partes y se reservan para los extraños. Yo no estoy de acuerdo con que los medios lleguen y graben los juicios.

Y ¿qué pasa con la publicidad de los procesos? Sobre este punto Poroj responde:

Dicen las convenciones internacionales que el derecho a la publicidad llega hasta el momento donde no se atropellen derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Opinión adversa tiene el exjuez Calderón:

Entonces estaríamos vulnerando la libre expresión del pensamiento y que los medios de comunicación puedan informar esa sería una ley que nacería nula.

La iniciativa establece de 5 a 8 años de cárcel para las “violaciones el debido proceso y a la averiguación de la verdad” o que incorporen testigos no idóneos.