Los diputados tránsfugas del Congreso de la República fueron derrotados en una batalla más y su campo de acción es cada vez más estrecho. La Corte de Constitucionalidad  emitió  un fallo contra el transfuguismo y  los congresistas  se ven obligados por la alta corte a emendar sus errores.

El Congreso deberá nombrar nuevos presidente de comisiones, jefes y subjefes de bloque ya que los parlamentarios: Luis Hernández Azmitia, Mario Fermín De León Ramírez, José Alejandro de León Maldonado, Ronald Ramírez Sierra, Mike Ottoniel Mérida Reyes, Nery Orlando Samayoa Barrios, Elza Leonora Cú Isem, Sandra Ester Cruz Ramírez, Delia Bac y su hija Eva Nicolle Monte Bac, tienen prohibición para ocupar esos cargos.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana se pronunció por el fallo de la CC:

 La sentencia confirma que la denuncia penal que presentó el Congreso contra Acción Ciudadana fue espuria en revancha al amparo que pusimos para evitar que se viole la ley que los mismos diputados aprobaron respecto a que tránsfugas dirijan comisiones, jefaturas de bloque e integren Junta Directiva.  Esto confirma que la agenda de los diputados es la misma: defender lo indefendible.

Los esfuerzos de 76 diputados tránsfugas se centran en reformar el artículo 205  Ter. de la Ley Electoral el cual castiga a los diputados que cambiaron de partido político por el cual fueron electos, la sanción más drástica sería no poderse reelegir.

Mario Taracena, expresidente del Congreso  considera que esos esfuerzos son aislados, pero los números dicen todo lo contrario: Es tirarse sin paracaídas en el caso de Luis Hernández, sí existe dentro del Congreso un grupo de 80 diputados que están preocupados por el tema del trasfuguismo, pero es la gente que va a traicionar a su partido pero si usted no se va a cambiar no tiene que tener nervios de nada.

La propuesta de reforma diputado Hernández Azmitia que espera el dictamen favorable es: “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política, prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección general”.

Actualmente la ley no contempla plazos, por lo que las organizaciones políticas tienen prohibición permanente  de recibir en sus filas diputados tránsfugas.